La Provincia de Buenos Aires avanza con una nueva actualización de los valores de las multas de tránsito, una decisión que refuerza el perfil punitivo de las políticas viales.
Las sanciones alcanzan desde infracciones leves, como estacionar en lugares prohibidos, hasta faltas consideradas graves, como el exceso de velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol. Además del costo económico, el no pago puede derivar en intereses, bloqueos administrativos y restricciones para realizar trámites.
El incumplimiento en el pago de una infracción puede impedir la renovación de la licencia de conducir, la transferencia de un vehículo e incluso la realización de otros trámites vinculados al automotor.
Los conductores pueden consultar su situación ingresando el DNI o la patente en los portales oficiales de cada jurisdicción, donde figura el detalle de las actas labradas y el estado de cada multa.
En territorio bonaerense, algunos de los valores actualizados son:
La Provincia sostiene el criterio de alcohol cero: cualquier registro por encima de 0,0 gramos por litro se considera positivo, y el monto final de la multa varía según el nivel detectado.
En el caso de la velocidad, la sanción se define en función de la gravedad de la falta y de cuántos kilómetros se exceda el límite permitido.
Más allá de la multa económica, los inspectores de tránsito pueden retener la licencia de conducir, disponer su suspensión por un período determinado, secuestrar el vehículo y obligar al infractor a realizar cursos de educación vial.
Un punto clave es que los plazos de prescripción no son iguales en todo el país. En líneas generales, las infracciones leves prescriben a los dos años y las graves a los cinco, aunque en la Ciudad de Buenos Aires rige un esquema distinto, lo que suele generar confusión entre los conductores.
La actualización de las multas vuelve a poner en debate el equilibrio entre prevención, recaudación y seguridad vial. Mientras los gobiernos sostienen que el objetivo es reducir la siniestralidad, sectores de la oposición y asociaciones de automovilistas cuestionan el fuerte peso económico de las sanciones y advierten sobre un uso recaudatorio del sistema.