Un proyecto presentado en la Legislatura provincial reavivó el debate sobre el uso de los recursos públicos en Córdoba. La iniciativa, impulsada por el Frente Cívico, espacio liderado por Luis Juez, busca presionar al gobernador Martín Llaryora para que elimine los gastos destinados a “cortesía y homenaje” en todas las dependencias del Poder Ejecutivo provincial.
Según los autores del proyecto, se trata de partidas superfluas que resultan incompatibles con el actual contexto económico y social, marcado por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades que atraviesan distintos sectores del Estado.
La iniciativa consiste en un proyecto de declaración que insta al gobernador a suprimir la ejecución de las partidas presupuestarias correspondientes al rubro “Cortesía y Homenaje” en toda la administración provincial.
Desde el Frente Cívico sostienen que se trata de gastos vinculados a actos protocolares, agasajos y homenajes que no aportan soluciones concretas a los problemas cotidianos de la población.
El texto plantea que la eliminación de estas erogaciones sería una señal política de austeridad y compromiso con las prioridades sociales.
En los fundamentos, los legisladores advierten que Córdoba atraviesa una situación compleja, con fuerte impacto en los ingresos de amplios sectores de la sociedad.
Mencionan especialmente a docentes, médicos, jubilados y empleados públicos, cuyos salarios —según afirman— se encuentran deteriorados frente a la inflación y la presión impositiva.
Además, cuestionan que el Gobierno declare emergencias en distintas áreas sin acompañarlas de una revisión profunda del gasto político.
El proyecto también apunta contra lo que considera una estructura estatal sobredimensionada.
En ese sentido, denuncia:
Para el Frente Cívico, estos elementos refuerzan la percepción de un Estado que no logra adaptarse al contexto de crisis.
Uno de los ejes centrales del planteo es el volumen de recursos asignados a “Cortesía y Homenaje” en el Presupuesto 2026.
Según el proyecto, el gasto global previsto en ese rubro alcanza los 870 millones de pesos, sin contar agencias ni empresas estatales.
En detalle, se mencionan partidas distribuidas de la siguiente manera:
Desde el espacio opositor consideran que esos fondos podrían ser reasignados a áreas prioritarias.