La respuesta del titular de ATE, Rodolfo Aguiar, ante el anuncio de descuentos por la jornada de protesta del jueves 19 de febrero generó una nueva escalada de tensión en la administración pública nacional. El sector sindical ratificó que la medida de fuerza no se desactivará y advirtió sobre la falta de servicios básicos en las oficinas gubernamentales.
La advertencia oficial, que prevé descontar el día a quienes no asistan a sus puestos, fue calificada como un acto de "autoritarismo" por la dirigencia gremial. En este contexto, se confirmó que el cese de actividades tendrá un alcance federal y afectará todas las áreas del Poder Ejecutivo Nacional.

"Que se prepare Manuel Adorni y todo el Gabinete para llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener quienes los atiendan el jueves", dijo Rodolfo Aguiar.
El titular de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que la medida de fuerza será total en todo el territorio nacional. Esto implica que no habrá personal disponible para tareas administrativas ni de atención directa al ciudadano en las dependencias del Estado nacional.
La dirigencia gremial justificó la acción como el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución Nacional. Según el planteo sindical, el derecho a huelga es legítimo y no puede ser considerado un acto ilícito, independientemente de la presión salarial ejercida por el Gobierno.
Desde el sector de los trabajadores estatales señalan que la reforma laboral incluida en el proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación aún no fue votada de forma definitiva. Por este motivo, consideran que el marco normativo actual protege las medidas de acción directa.
Además, el gremio comparó la legitimidad de sus reclamos con las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta mención busca contrastar el control sobre el salario de los empleados frente a la gestión de los recursos públicos en otros organismos.
La jornada de paro y movilización al Congreso de la Nación es parte de un plan de lucha que podría profundizarse. La dirigencia de ATE advirtió que no tolerarán lo que consideran una "amenaza" oficial y adelantaron que el plan de acción se extenderá durante las próximas semanas.
La protesta busca frenar de forma definitiva la sanción de la ley de modernización laboral, que actualmente se encuentra en revisión en la Cámara de Diputados. El conflicto salarial y administrativo entre los empleados públicos y el Ejecutivo nacional se mantiene sin canales de diálogo abiertos.
TM