El Gobierno nacional decidió retirar el polémico artículo 44 del proyecto de Ley de Modernización Laboral para garantizar el inicio del debate en la Cámara de Diputados de la Nación. La decisión se tomó tras la confirmación de que los bloques que responden a los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) no bajarían al recinto si se mantenía el recorte a las licencias médicas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, aceptaron la eliminación del texto para asegurar la sanción general de la ley antes del 1° de marzo. Sin los legisladores de estos tres mandatarios, el oficialismo no alcanzaba los 129 diputados necesarios para el quórum.
El factor determinante fue la presión de los bloques Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca, cuyos 14 diputados advirtieron que no votarían el recorte salarial del 50% o 75% para trabajadores enfermos, obligando al oficialismo a borrar el artículo 44 para evitar que naufrague toda la reforma.

La negativa de los mandatarios provinciales se centró en la pérdida de derechos para los trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, sostuvo a través de sus redes sociales que "nadie elige accidentarse o enfermarse" y planteó que "lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo".
El artículo 44 proponía que, ante enfermedades no vinculadas a la tarea laboral, el trabajador percibiera solo el 50% de su salario si la afección era producto de una "actividad voluntaria". En otros casos de imprevistos, el pago se reducía al 75%. Ante el rechazo unánime de los bloques provinciales y el planteo de la CGT, que calificó la medida como "amañada", la Casa Rosada optó por retroceder para no poner en riesgo el resto de la modernización laboral.

La eliminación del recorte en las licencias no fue la primera concesión que los gobernadores de Salta, Catamarca y Tucumán le arrancaron al Gobierno nacional. Semanas atrás, este mismo grupo de mandatarios logró que el oficialismo quitara del proyecto la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas, que planeaba bajar del 30% al 27%.
Los gobernadores defendieron los recursos de la coparticipación federal ante el ministro del Interior, Diego Santilli. De haberse aprobado la baja impositiva, las provincias habrían perdido ingresos por $1,12 billones de pesos operativos a partir de 2027. Según el Ministerio de Economía, la administración priorizó la viabilidad política de la reforma laboral por sobre el cambio tributario.
Durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en diciembre pasado, Jaldo, Jalil y Sáenz jugaron un papel dual que generó tensiones con la mesa chica de Javier Milei. Si bien sus legisladores aportaron los votos necesarios para aprobar la "ley de leyes" en general, permitiendo al Gobierno alcanzar los 132 votos, se desmarcaron en la votación en particular de temas sensibles.
El conflicto estalló con el rechazo al Capítulo XI, que buscaba derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. A pesar de haber recibido Aportes del Tesoro Nacional (ATN) días antes de la sesión, los diputados de estas provincias votaron junto a la oposición para mantener ambas normas vigentes. Esta maniobra provocó que el oficialismo los calificara internamente como "traidores" por poner en riesgo el objetivo de equilibrio fiscal.
TM