Las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Religiosos de Malasia, Zulkifli Hasan, abrieron un intenso debate dentro y fuera del país tras vincular el estrés laboral y otros factores sociales con la adopción de lo que describió como un “estilo de vida LGBTQ+”.
El funcionario realizó estas afirmaciones en una respuesta parlamentaria durante una sesión en el Parlamento de Malasia, en el marco de una consulta sobre el aumento de casos vinculados a actividades LGBT en el país. Según su intervención, factores como la presión social, experiencias sexuales previas, el estrés excesivo y la falta de observancia religiosa podrían influir en determinadas conductas.
Sus palabras generaron fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, especialistas en salud mental y usuarios en redes sociales, que calificaron la afirmación como desinformación sin base científica. Para comprender la magnitud del debate es necesario considerar el marco jurídico y cultural del país.
Las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están penalizadas tanto por disposiciones del Código Penal heredadas del período colonial británico como por normativas islámicas aplicables a la población musulmana. Las penas pueden incluir prisión, multas e incluso castigos corporales en determinados casos bajo jurisdicción religiosa.

En su intervención, Hasan señaló que entre 2022 y 2025 se registraron al menos 135 casos relacionados con actividades LGBT, incluyendo arrestos y procesos judiciales. No obstante, el gobierno no publica estadísticas oficiales detalladas sobre orientación sexual o identidad de género.
Malasia es un país de mayoría musulmana donde la política y la religión mantienen una estrecha relación institucional. Las cuestiones vinculadas a moral pública suelen ocupar un lugar central en el discurso político, especialmente en debates parlamentarios.
La organización Justice for Sisters, dedicada a la defensa de personas trans, rechazó las declaraciones y afirmó que la diversidad en orientación sexual e identidad de género es una expresión natural de la condición humana. El colectivo sostuvo que este tipo de afirmaciones refuerzan estigmas y pueden contribuir a la discriminación.
En redes sociales malasias también hubo respuestas críticas, muchas de ellas en tono irónico frente a la idea de que el estrés laboral pudiera “convertir” a alguien en gay. Analistas locales señalaron que el episodio refleja tensiones persistentes entre sectores conservadores y grupos que reclaman mayor protección de derechos civiles.
El debate sobre la diversidad sexual no es nuevo. Desde la década de 1990, el tema ha sido utilizado en disputas políticas de alto perfil. Uno de los casos más conocidos fue el proceso judicial por sodomía contra el primer ministro Anwar Ibrahim, que generó controversia internacional y cuestionamientos sobre el uso de leyes coloniales para fines políticos.
A lo largo de los años, distintos gobiernos han mantenido una postura conservadora en la materia. Las autoridades religiosas estatales realizan periódicamente operativos y programas de “rehabilitación moral”, mientras que activistas denuncian prácticas discriminatorias y falta de protección legal. En paralelo, organismos internacionales de salud y asociaciones científicas sostienen que la orientación sexual no es consecuencia de factores como el estrés o la presión social, sino una dimensión inherente de la diversidad humana.

Más allá del contenido puntual de la declaración, el episodio revela una dinámica política más amplia. En un escenario donde la religión ocupa un papel relevante en la vida pública, las cuestiones vinculadas a identidad y moralidad suelen movilizar a sectores conservadores del electorado. Para los críticos, sin embargo, este tipo de discursos pueden contribuir a reforzar prejuicios y justificar políticas restrictivas. Para sus defensores, se trata de una posición coherente con los valores religiosos predominantes en el país.
La controversia vuelve a colocar a Malasia en el centro del debate internacional sobre derechos humanos y diversidad sexual, evidenciando la tensión entre normas culturales tradicionales y estándares globales en materia de derechos civiles.