Franklin D. Roosevelt y los campos en California y Arizona: qué fue la Orden 9066

El 19 de febrero de 1942, apenas diez semanas después del ataque japonés contra la base naval de Pearl Harbor, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, firmó la Orden Ejecutiva 9066. El documento no mencionaba explícitamente a la comunidad japonesa, pero en la práctica habilitó el internamiento masivo de personas de ascendencia japonesa que vivían en la costa oeste del país.

Para entender la medida es necesario situarse en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó Pearl Harbor, en Hawái, provocando la entrada formal de Estados Unidos en el conflicto. El impacto fue inmediato: el país pasó de una posición de relativa distancia frente a la guerra europea a convertirse en protagonista activo en el frente del Pacífico.

Franklin D. Roosevelt firmó la Orden Ejecutiva 9066 el 19 de febrero de 1942.

En ese clima de conmoción, miedo y fuerte nacionalismo, comenzaron a circular sospechas sobre posibles actos de espionaje o sabotaje en territorio estadounidense. La costa oeste, por su cercanía al Pacífico, fue considerada zona estratégica y vulnerable. Las autoridades militares presionaron para adoptar medidas extraordinarias de seguridad.

La Orden Ejecutiva 9066 autorizó al secretario de Guerra y a los mandos militares a establecer “zonas de exclusión” y retirar de ellas a cualquier persona considerada potencial amenaza. En la práctica, la decisión se tradujo en el traslado forzoso de más de 120.000 personas de origen japonés, de las cuales aproximadamente dos tercios eran ciudadanos estadounidenses nacidos en el país.

Barracas en uno de los campos de internamiento donde fueron confinadas familias de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial.

Familias enteras recibieron avisos con pocos días de anticipación para abandonar sus hogares. Tuvieron que vender propiedades, negocios y pertenencias a precios mínimos o simplemente dejarlos atrás. Primero fueron llevadas a centros de reunión temporales y luego a campos de internamiento ubicados en regiones desérticas o aisladas de estados como California, Arizona, Utah y Wyoming.

Estos lugares estaban rodeados por alambrados y custodiados por guardias armados. Aunque el gobierno los describía como centros de reubicación, las condiciones implicaban restricción de libertad sin juicio ni acusación formal. No se comprobó un plan masivo de espionaje por parte de la comunidad japonesa en territorio continental.

La medida no se aplicó con la misma intensidad a ciudadanos de origen alemán o italiano, pese a que Estados Unidos también estaba en guerra contra Alemania e Italia. Con el paso de los años, este hecho reforzó la interpretación de que la decisión estuvo influida por prejuicios raciales y presión política.

El caso llegó a la Corte Suprema en 1944, en el fallo Korematsu v. United States, que avaló la constitucionalidad del internamiento en tiempo de guerra. Décadas más tarde, ese precedente sería ampliamente cuestionado por juristas e historiadores.

Tras el final de la guerra, los campos comenzaron a cerrarse en 1945. Muchas familias regresaron a comunidades donde habían perdido todo. El reconocimiento oficial tardó décadas en llegar. En 1988, el Congreso estadounidense aprobó una ley que reconoció que el internamiento fue resultado de “histeria bélica, prejuicio racial y fracaso del liderazgo político”, y otorgó compensaciones económicas a sobrevivientes.

Hoy, la Orden Ejecutiva 9066 es estudiada como uno de los episodios más controvertidos de la historia de Estados Unidos y como un recordatorio de cómo, en contextos de guerra y miedo colectivo, los derechos civiles pueden verse gravemente comprometidos.