Piden anular la deuda de USD 800 millones de Llaryora: qué puede pasar en Córdoba

Nueve legisladores de la oposición en Córdoba presentaron una acción declarativa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para frenar un nuevo endeudamiento provincial. El reclamo apunta contra la Ley de Presupuesto 2026 y una resolución del Ministerio de Economía que autoriza la emisión de títulos por 800 millones de dólares.

La presentación judicial sostiene que el oficialismo violó los procedimientos establecidos para la formación de leyes. Según los denunciantes, se omitió un requisito fundamental que exige la normativa provincial para compromisos financieros de largo alcance.

El eje del reclamo es que la toma de deuda se aprobó con solo 34 votos en la Legislatura, cuando la Constitución Provincial exige una mayoría agravada de 47 votos (dos tercios de los miembros presentes) para autorizar este tipo de créditos internacionales.

¿Qué reclaman los legisladores ante la Justicia?

Los firmantes, entre los que se encuentran Gregorio Hernández Maqueda, Alejandra Ferrero y Walter Nostrala, solicitaron al máximo tribunal que declare nulos los artículos 33 a 40 de la ley presupuestaria. Argumentan que existe un "vicio de nulidad" porque los artículos carecen de la legitimidad necesaria para avanzar en el proceso legislativo al no alcanzar los votos requeridos.

Además, el recurso pide la nulidad de la Resolución 24/2026, que es el instrumento administrativo que dispone la salida de Córdoba a los mercados internacionales. Los legisladores consideran que este acto es una consecuencia directa de una ley viciada en su origen.

¿Cuál es el riesgo para la provincia de Córdoba?

La oposición solicitó una medida cautelar urgente para suspender los efectos de la toma de deuda hasta que se dicte una sentencia definitiva. El objetivo de este pedido es evitar "perjuicios irreparables" al patrimonio de los cordobeses y al erario público.

Por su parte, Gregorio Hernández Maqueda calificó el hecho como un "fraude legislativo" y anticipó que informarán la situación a los mercados internacionales. Según el legislador, planean comunicar a los bonistas que se contrajo deuda sin una autorización válida del Estado provincial, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores extranjeros.

¿Cómo sigue el proceso en los tribunales?

Tras el ingreso de la demanda el pasado 11 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia debe seguir una serie de pasos procesales:

• Admisión: el tribunal debe resolver si acepta el trámite y reconoce la autoridad de los nueve legisladores para presentar el reclamo.
• Cautelar: en caso de admitirlo, se tratará primero el pedido de suspensión urgente de la emisión de los títulos.
• Sentencia: finalmente, el TSJ analizará si la votación con mayoría simple fue constitucional o si, efectivamente, se requería el apoyo de dos tercios de la cámara.

En caso de un fallo adverso en la provincia, la oposición adelantó que buscará llevar el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

TM