La imagen incómoda: Sturzenegger y el fantasma de la modernidad corrupta

El Gobierno entra a esta semana corta con un problema de los que no se resuelven con un comunicado prolijo. En Cancillería se adjudicó un contrato por alrededor de $113 millones para cursos de inglés a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, institución presidida por María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger. La noticia quedó pegada a un dato que, en la Argentina real, siempre pesa más que la letra administrativa: el vínculo familiar con un ministro central del gabinete.

La defensa oficial se apoya en dos argumentos. Primero, que se trata de una renovación de un acuerdo que viene desde 2018, previo a este gobierno. Segundo, que el conflicto de interés habría sido declarado y que intervinieron organismos de control como la Oficina Anticorrupción y la SIGEN, en un esquema de “integridad” que el Ejecutivo presenta como resguardo. En esa misma línea, algunas crónicas detallan que el procedimiento fue una “adjudicación simple por especialidad”, un formato que, aun cuando sea legal, tiene un problema político elemental: en un clima de desconfianza, suena a excepción, y las excepciones suelen comerse el relato completo.

El punto que deja expuesto el episodio no es técnico: es moral y narrativo. Sturzenegger encarna la promesa de recortar, desregular, achicar. Por eso el caso pega distinto: porque ocurre en el Estado, porque involucra un contrato estatal, porque la escena se arma sola en la cabeza del público que el Gobierno necesita retener. Y porque, en el minuto exacto en que el oficialismo pide confianza para “modernizar” el mercado laboral, aparece una noticia que huele a endogamia de poder, aunque el expediente venga con sellos.

Esa es la otra mitad del cuadro: el Congreso. La Casa Rosada pretende cerrar en tiempo récord la reforma laboral que ya salió del Senado con 42 votos a favor y 30 en contra.  El operativo de esta semana tiene fechas y ansiedad. El oficialismo apunta a firmar dictamen en Diputados este miércoles 18, en comisiones de Trabajo y de Presupuesto, y llevarla al recinto el jueves. La urgencia tiene una explicación simple: evitar que el proyecto se empantane, capitalizar el envión del Senado y llegar con una victoria legislativa clara antes de que se cierre la ventana política de las extraordinarias.

La negociación viene tambien con su propia historia. En el Senado, el Gobierno aceptó cambios y dejó afuera puntos conflictivos para asegurar votos, mientras la CGT se movilizaba y el clima de calle acompañaba el debate desde afuera. Ahora, en Diputados, el Ejecutivo busca que el texto salga con el menor nivel de cirugía posible, porque cada retoque abre la puerta a un regreso al Senado y, con eso, a una segunda ronda de presiones: gobernadores, bloques bisagra, sindicalismo, empresarios, cada uno con su lista de “correcciones”.

Ahí aparece el puente entre las dos noticias. La reforma laboral se vota con poroteo fino, y el poroteo fino depende de un clima. El caso de los cursos de inglés mete ruido en un momento en el que el Gobierno necesita disciplina, orden interno y autoridad moral para pedirle a sus aliados que paguen costos. A cualquier bloque que esté tentado de acompañar al oficialismo le conviene justificar su voto con un argumento de modernización; cuesta más hacerlo cuando la semana arranca con una adjudicación que permite a la oposición resumir todo en una sola palabra: privilegio.

El Gobierno llega, entonces, a un dilema clásico de poder: quiere que la discusión pública se ordene alrededor de la productividad, la litigiosidad y el empleo; la realidad lo empuja a hablar de ética, vínculos y contrataciones. Puede mostrar velocidad legislativa, pero necesita algo más difícil: sostener credibilidad. En el Congreso, los votos se consiguen con acuerdos; en la calle, la legitimidad se pierde con una imagen. Y esta semana, para el mileísmo, la imagen incómoda ya circula.