Kicillof toca la Policía Adicional en PBA: quiénes quedarán afuera

El gobernador bonaerense Axel Kicillof firmó un decreto que modifica las reglas para la prestación del servicio de Policía Adicional en la provincia, con el objetivo de reforzar los controles, precisar las condiciones de trabajo y ordenar el sistema de autorizaciones.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, introduce cambios en el artículo 16 del régimen vigente y busca garantizar que los efectivos que realicen servicios extra estén en condiciones físicas y administrativas adecuadas.

Qué es la Policía Adicional y cómo funciona

La Policía Adicional es un sistema regulado por ley que permite que efectivos de la Policía Bonaerense, fuera de su horario habitual, presten servicios de seguridad para:

• Organismos públicos.
• Empresas privadas.
• Eventos y actividades especiales.

Estos servicios son pagos y se financian mediante aranceles que cubren tanto el trabajo extra de los agentes como el mantenimiento de equipos y materiales.

Solo pueden participar policías que se inscriban voluntariamente en un registro especial y que se encuentren “francos de servicio”, es decir, fuera de su turno regular.

El eje del decreto: nuevas restricciones

El decreto modifica el artículo 16 del Anexo del Decreto 545/22 y establece con mayor precisión en qué casos un efectivo no puede realizar Policía Adicional.

A partir de ahora, no podrán ser autorizados quienes se encuentren haciendo uso de licencias por:

• Enfermedad o accidente.
• Maternidad.
• Nacimiento de hijos.
• Adopción.
• Atención de familiares enfermos.
• Donación de órganos.
• Permisos por exámenes.

Durante esos períodos, el personal quedará automáticamente excluido del sistema de servicios adicionales.

Según el texto oficial, la medida apunta a proteger la aptitud funcional de los agentes y a reforzar los criterios de seguridad.

Un registro único y mayor control

El decreto ratifica que todos los servicios de Policía Adicional deben canalizarse a través de un único registro o sistema habilitado por el Ministerio de Seguridad.

Este registro será el encargado de:

• Autorizar o rechazar solicitudes.
• Verificar la situación administrativa del personal.
• Controlar la legalidad de los servicios.
• Supervisar la liquidación de los pagos.

Con esta centralización, el Gobierno busca evitar irregularidades, superposiciones de tareas y posibles abusos.

El límite a las tareas de “apoyatura”

Otro punto clave del decreto es la regulación de las tareas de “apoyatura”, es decir, las funciones que pueden cumplir policías de áreas administrativas, técnicas o profesionales en servicios contratados.

La nueva norma establece que:

• Estas tareas solo podrán realizarse cuando sean necesarias e indispensables.
• Nunca podrán superar el 3% del costo total del servicio.

De esta manera, se busca impedir que funciones internas o de oficina se transformen en un negocio paralelo dentro del sistema.

Más poder para el Ministerio de Seguridad

La nueva normativa también otorga mayores facultades al Ministerio de Seguridad.

En concreto, se habilita al ministro o ministra del área a:

• Establecer nuevas licencias o permisos incompatibles con la Policía Adicional.
• Modificar las restricciones existentes.
• Adecuar el régimen según criterios operativos y de seguridad.

Esto le permite al Ejecutivo actualizar las reglas sin necesidad de dictar un nuevo decreto cada vez.