El Colegio de Abogados de Córdoba manifestó públicamente su rechazo a los artículos 20 y 277 del proyecto de reforma de la Ley de Contrato de Trabajo mediante un comunicado institucional difundido en su cuenta oficial de Instagram. En el texto, la entidad sostuvo que las disposiciones incluidas en la iniciativa legislativa representan un “ataque directo” tanto al ejercicio independiente de la abogacía como al acceso a la justicia en materia laboral.
Según expresó la institución, los cambios propuestos no se limitan a una modificación técnica del procedimiento, sino que alteran principios considerados estructurales del proceso laboral argentino, históricamente orientado a la protección de la parte más débil de la relación de trabajo. En ese sentido, el comunicado advierte que la reforma podría generar un impacto negativo en la tutela judicial efectiva de los derechos de los trabajadores, al introducir mecanismos que —a criterio del colegio profesional— debilitan garantías procesales consolidadas.
Desde la entidad remarcaron que cualquier modificación normativa que condicione la actuación de los abogados o limite su margen de estrategia procesal puede traducirse en una afectación concreta del derecho de defensa de los ciudadanos. Bajo esa premisa, sostienen que la discusión no se reduce a una controversia corporativa, sino que involucra garantías constitucionales vinculadas al debido proceso y al acceso igualitario a los tribunales.
El pronunciamiento se inscribe en un escenario de creciente debate a nivel nacional sobre el alcance de la reforma laboral impulsada en el ámbito legislativo. Diversos colegios de abogados, asociaciones de juristas y sectores académicos comenzaron a emitir comunicados y declaraciones públicas en las últimas semanas, lo que evidencia una discusión que trasciende el plano parlamentario y se proyecta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema judicial laboral.
Desde el Colegio de Abogados de Córdoba indicaron además que continuarán participando en espacios de análisis técnico y diálogo institucional, con el objetivo de “preservar la calidad del servicio de justicia y la plena vigencia de los derechos laborales”. La publicación en redes sociales, señalaron fuentes de la entidad, buscó no sólo fijar posición sino también informar a la comunidad jurídica y a la ciudadanía sobre los alcances de la iniciativa y sus posibles efectos prácticos.