Gobierno vs. Cristina Kirchner: el recurso ante la Corte por la pensión vitalicia

El Ministerio de Capital Humano presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir la decisión que restituyó la pensión por viudez a Cristina Fernández de Kirchner. La resolución cuestionada había sido dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ordenó restablecer la asignación mensual vitalicia dada de baja por ANSES.

Desde el entorno de la ministra Sandra Pettovello argumentan que el fallo incurre en una errónea aplicación del derecho al no contemplar -según su interpretación- la prohibición de percibir el beneficio en casos de condena penal firme con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos. El planteo oficial sostiene que la asignación a exmandatarios no es una jubilación contributiva, sino un reconocimiento honorífico ligado a la investidura presidencial.

El eje del recurso apunta a la llamada “indignidad sobreviniente”, derivada de la condena en la denominada Causa Vialidad, que incluyó seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Para el Gobierno, mantener la asignación resultaría incompatible con una condena por delitos contra la administración pública, ya que el beneficio estaría atado a condiciones de honorabilidad vinculadas al ejercicio del cargo.

Además, se cuestiona la medida cautelar que ordenó restituir el pago mientras se discute el fondo del asunto. La presentación oficial sostiene que la Cámara otorgó de manera anticipada aquello que es objeto central del litigio y que no se acreditó un “peligro en la demora” que justificara la restitución inmediata.

Honor, legalidad y precedente institucional

Más allá de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, el caso abre una discusión estructural: ¿las asignaciones vitalicias a expresidentes son derechos previsionales o distinciones honoríficas sujetas a condiciones éticas? La respuesta no es menor, porque de ella depende la estabilidad jurídica de un régimen que trasciende coyunturas políticas.

Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite el recurso y revisa el fallo, fijará un criterio que impactará en futuros casos y en la relación entre el Poder Judicial y los actos administrativos del Ejecutivo. El trasfondo no es solo económico: es un debate sobre los límites del reconocimiento institucional frente a condenas por corrupción y sobre cómo el Estado define la coherencia entre legalidad, ética pública y privilegios asociados al poder.