La provincia de Buenos Aires habilitó el procedimiento para que empresas presenten proyectos al Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas (RPIE), una herramienta que apunta a incentivar la inversión privada, fortalecer el desarrollo productivo y diferenciarse del esquema nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Con la publicación del reglamento operativo, las compañías ya pueden cargar iniciativas orientadas a la generación de empleo de calidad, la incorporación de valor agregado, el desarrollo de nuevos sectores productivos, la transferencia tecnológica, el aumento de exportaciones y la sustitución de importaciones.
El punto de entrada no es menor: el piso de inversión arranca en los USD 5 millones, una cifra con la que el gobierno bonaerense busca seducir proyectos que hoy miran al RIGI nacional o a otras provincias.
En julio de 2024, al anunciar el envío del proyecto de ley para crear el Régimen Provincial de Fomento de Inversiones Estratégicas, Kicillof había subrayado que la construcción de una planta de GNL en Bahía Blanca era “una de las inversiones más importantes de la historia argentina” y que no debía transformarse en una competencia entre provincias.
También sostuvo que la Provincia estaba dispuesta a otorgar estabilidad tributaria por un período similar al régimen nacional y a mejorar su esquema impositivo para grandes inversiones, aunque dentro de un marco más “equilibrado” para las cuentas públicas.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, sostuvo que el régimen se suma a otras políticas de acompañamiento a la inversión, como los créditos a tasa bonificada para pymes y los programas de desarrollo emprendedor.
Desde la Provincia remarcan que, a diferencia del RIGI nacional, al que Axel Kicillof calificó en su momento como “demasiado generoso” con los grandes inversores, el esquema bonaerense busca priorizar empleo, valor agregado y encadenamientos productivos.
La definición no es casual: el RPIE nació como una respuesta política al desembarco frustrado de la planta de GNL en Bahía Blanca, luego de que YPF y Petronas avanzaran con otra localización. Para Kicillof, el objetivo es demostrar que Buenos Aires sigue siendo competitiva pese a no adherir al régimen nacional.
Desde sectores opositores bonaerenses insistían en que la Provincia debería adherir al RIGI nacional y complementar ese esquema con una ley provincial de fomento.
Bloques como UCR + Cambio Federal advirtieron que el enfrentamiento entre Milei y Kicillof terminó costándole a Buenos Aires una inversión histórica y reclamaron una política de acuerdos amplios para atraer capitales.
El RPIE contempla exenciones parciales en Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos, con una lógica decreciente según el monto de la inversión.
Para proyectos de entre USD 5 y 50 millones, la exención será del 30% durante cinco años. En el rango de USD 50 a 200 millones, el beneficio baja al 25% por cuatro años. Para inversiones superiores a los USD 200 millones, se prevé una exención del 20% por tres años.
Además, los proyectos podrán sumar incentivos extra si cumplen objetivos como generación de empleo, sustitución de importaciones, incorporación de innovación tecnológica o radicación en zonas de bajos ingresos o parques industriales. En esos casos, se podrá agregar un 10% adicional y dos años más de beneficios.
También se prevén premios del 5% y un año extra para iniciativas que aumenten exportaciones o implementen políticas de género y sostenibilidad ambiental.
La estabilidad fiscal regirá durante todo el período de vigencia de los beneficios y, para inversiones superiores a USD 200 millones, podrá extenderse hasta 30 años.
En paralelo, los proyectos mayores a USD 50 millones deberán presentar un programa de desarrollo de proveedores provinciales, con el compromiso de destinar al menos el 50% del monto de compras a empresas radicadas en territorio bonaerense.
Con el reglamento ya publicado, el RPIE entra en fase de prueba. La gran incógnita es cuántas empresas estarán dispuestas a atravesar trámites provinciales y municipales a cambio de beneficios más moderados que los que ofrece el RIGI nacional u otros regímenes provinciales.
Para el gobierno bonaerense, el desafío es claro: convertir el proyecto en una señal concreta de competitividad y no solo en un gesto político frente a la Casa Rosada.