Gobernadores peronistas difundieron un duro comunicado contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que, de no mediar cambios de último momento, sería aprobada definitivamente hacia fines de febrero.
El documento fue firmado por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gildo Insfrán (Formosa), Elías Suárez (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Se trata del núcleo más distante del oficialismo nacional dentro del mapa provincial, en un contexto donde la mayoría de los mandatarios logró, tras meses de negociaciones, un acuerdo general con la Casa Rosada.
En el texto, los gobernadores expresaron su rechazo frontal a la iniciativa del Ejecutivo y convocaron al Congreso a frenar su sanción.
“Manifestamos nuestro pleno rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional y llamamos a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa”, señalaron.
Si bien reconocieron la necesidad de actualizar la legislación, aclararon: “Ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones”.
Según plantearon, la propuesta presentada como “modernización” en realidad “debilita derechos individuales y colectivos” en un contexto de alta incertidumbre económica y laboral.
TRABAJO, FEDERALISMO Y DESARROLLO: EL CAMINO HACIA UNA VERDADERA MODERNIZACIÓN pic.twitter.com/5pjyPdAqrF
— Gildo Insfrán (@insfran_gildo) February 18, 2026
El comunicado también cuestiona el enfoque general del Gobierno y lo vincula con el deterioro social y productivo.
“La iniciativa no moderniza, precariza”, sostuvieron los mandatarios, al tiempo que advirtieron que la reforma “facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos hacia los trabajadores”.
En otro tramo, afirmaron: “Se impulsa en el marco de una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo”.
Y agregaron: “Desde que llegó el actual gobierno, su plan económico pulverizó 21 mil empresas y casi 300 mil puestos de trabajo”.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto era el artículo referido a las licencias por enfermedad o lesión, que habilitaba restricciones y cambios en ese régimen.
Ese aspecto generó una fuerte resistencia política y sindical, y el Gobierno terminó comprometiéndose a eliminarlo para facilitar la aprobación de la reforma.
Sin embargo, los gobernadores advirtieron que, aun con esa modificación, el proyecto mantiene retrocesos estructurales.
“Resulta especialmente preocupante que se legalicen mecanismos que habilitan reducciones salariales o limitaciones de derechos en situaciones de enfermedad”, alertaron.
Más allá del posicionamiento crítico de este grupo, el escenario general muestra una dinámica distinta.
Durante los últimos meses, la mayoría de los gobernadores logró sellar un entendimiento político con el Gobierno nacional, que incluyó compromisos fiscales, obras, asistencia financiera y acompañamiento legislativo.
Ese proceso fue motorizado, en gran parte, por el trabajo político de Diego Santilli, quien desde enero encabezó una serie de reuniones bilaterales y gestiones discretas con los mandatarios provinciales.
Llevó adelante un “trabajo de hormiga”, con encuentros individuales, llamados permanentes y negociaciones caso por caso, para garantizar una adhesión general al rumbo del Ejecutivo.

Ese clima de mayor entendimiento se profundizó luego de la buena elección del oficialismo en los comicios del 26 de octubre pasado, que reforzó el liderazgo político de Milei y su capacidad de negociación.
Con ese respaldo electoral, el Gobierno logró consolidar una mayoría flexible en el Congreso y un esquema de diálogo con gran parte de las provincias.
En ese marco, el grupo de gobernadores que firmó el comunicado aparece hoy como una minoría dentro del mapa nacional, aunque con peso simbólico y territorial, fundamentalmente por la provincia de Buenos Aires.
En el tramo final del documento, los mandatarios ratificaron su posición y llamaron a preservar el sistema laboral vigente.
“La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección”, afirmaron.
Y concluyeron: “Convocamos a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas”.