El histórico edificio de Comodoro Py 2002 atraviesa una etapa de reformas estructurales en paralelo a la implementación del nuevo sistema acusatorio, que reemplazará el modelo inquisitivo tradicional y pondrá el eje en audiencias orales y públicas. Las obras forman parte de un plan impulsado por el Consejo de la Magistratura y buscan preparar a la justicia federal para un esquema más dinámico y transparente.
Uno de los cambios centrales es la ampliación de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal en la planta baja del edificio. Desde allí se organizará la asignación de causas, la programación y grabación de audiencias y la coordinación administrativa, un engranaje clave para que el sistema acusatorio funcione sin cuellos de botella. El año pasado ya se habían renovado espacios en el segundo piso, donde opera la Cámara Federal porteña con su propia oficina judicial.
El traslado del TOF 7 y el impacto en la causa “Cuadernos”
El movimiento más significativo será el traslado del Tribunal Oral Federal 7 al complejo de Retiro. Actualmente funciona en el Palacio de Justicia de la calle Talcahuano, lo que generó complicaciones logísticas durante el inicio del juicio por la Causa Cuadernos, especialmente en relación con la presencialidad del debate y el traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal ubicada en el mismo predio de Comodoro Py.
Una vez instalado en Retiro, el TOF 7 podrá utilizar la llamada Sala AMIA, un espacio acondicionado para juicios de gran magnitud y modernizado recientemente, además de otras salas creadas o adaptadas en el último año. Sin embargo, el traslado no será inmediato: fuentes judiciales indican que se concretará recién cuando finalicen las etapas de infraestructura y sistemas tecnológicos en marcha, lo que no ocurriría antes de mitad de año.
En paralelo, el edificio de la avenida Inmigrantes 1950 continúa con trabajos de mejora, con especial foco en el tendido eléctrico en una estructura de más de 5.000 metros cuadrados, un desafío técnico que refleja la magnitud del plan.
El objetivo oficial es claro: modernizar la infraestructura sin perder el valor patrimonial de los edificios y, sobre todo, mejorar la calidad del servicio de justicia. El verdadero examen no será la obra terminada, sino si el nuevo sistema logra acelerar procesos, ordenar agendas y reducir demoras en causas de alto impacto institucional.
