El cinismo del poder: Obiang demanda mientras sus víctimas esperan justicia

Hay momentos en la política internacional en los que la contradicción alcanza niveles difíciles de ignorar. El caso de la demanda presentada por Teodoro Obiang Nguema Mbasogo contra Orlando Cartagena Lagar es uno de ellos.

Mientras el presidente de Guinea Ecuatorial reclama un millón de euros por daños a su honor ante tribunales europeos, continúa incumpliendo una resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que exige algo mucho más básico: justicia para ciudadanos annoboneses detenidos arbitrariamente, torturados y abandonados sin reparación.

La paradoja es brutal.

Un gobernante señalado durante décadas por organismos internacionales por violaciones sistemáticas de derechos humanos se presenta ahora como víctima.

Las personas cuya liberación exigió la ONU pasaron meses en cárceles conocidas por sus condiciones infrahumanas, como Black Beach y los sótanos penitenciarios de Nveg Ozom. Salieron con secuelas físicas permanentes: pérdida de visión, movilidad reducida, daños neurológicos y traumas psicológicos profundos. Muchos continúan sin acceso a atención médica adecuada. Ninguno ha recibido la indemnización ordenada internacionalmente.

Lejos de asumir responsabilidades, el régimen convirtió su liberación en propaganda política, presentándola como un gesto de clemencia presidencial y exigiendo a las propias víctimas agradecer públicamente a quien, según el derecho internacional, debía reparar el daño causado.

Ahora, el mismo poder que ignoró a Naciones Unidas exige protección judicial para su reputación personal.

Pero esta historia no comienza con una demanda civil. Forma parte de un patrón más amplio. La Audiencia Nacional investiga el secuestro transnacional de opositores ecuatoguineanos en Sudán del Sur, entre ellos Julio Obama Mefuman, fallecido bajo custodia estatal tras denunciarse torturas. Altos responsables de seguridad del régimen han sido llamados a declarar por delitos graves, incluyendo secuestro y torturas, sin que hayan comparecido ante la Justicia española.

Desde Malabo, autoridades gubernamentales han llegado a cuestionar públicamente la jurisdicción de los tribunales europeos para juzgar a ciudadanos guineanos.

La contradicción resulta entonces aún más evidente: cuando la Justicia internacional investiga abusos, se rechaza su legitimidad; cuando se trata de defender el honor presidencial, esa misma Justicia se convierte en recurso válido.

No se trata únicamente de una disputa legal. Se trata de una inversión moral del relato: transformar a quienes denuncian abusos en acusados y convertir al poder denunciado en víctima.

Este patrón no es nuevo en regímenes autoritarios, pero rara vez se expresa con tanta claridad. La demanda no busca solamente una compensación económica; busca establecer un mensaje disuasorio que trasciende el caso concreto: denunciar tiene consecuencias.

El problema, sin embargo, no es solo Guinea Ecuatorial. También interpela a la comunidad internacional. Porque mientras las resoluciones de Naciones Unidas carezcan de mecanismos efectivos de cumplimiento, los responsables podrán ignorarlas sin coste real y, simultáneamente, utilizar los sistemas judiciales democráticos para perseguir a sus críticos.

Se produce así una asimetría inquietante: el derecho internacional reconoce a las víctimas, pero no logra protegerlas; mientras tanto, el poder encuentra protección legal inmediata.

El resultado es una paradoja profundamente incómoda: las víctimas esperan justicia internacional que nunca llega, mientras el poder que las vulneró litiga por su honor.

La pregunta ya no es jurídica, sino ética y política:

¿Qué valor tienen las decisiones de Naciones Unidas si pueden ser ignoradas sin consecuencias, mientras quienes denuncian abusos deben defenderse ante tribunales extranjeros?

Hasta que esa pregunta tenga respuesta, la impunidad seguirá siendo el idioma más eficaz del poder, y el silencio, su mayor aliado.