El reciente aviso del Ministerio de Salud de Costa Rica vuelve a colocar al país en una zona de atención preventiva frente al aumento regional de casos de sarampión. Aunque no existe un brote interno de gran escala, la autoridad sanitaria reconoce que la circulación activa del virus en países vecinos modifica el escenario de riesgo. La alerta no responde a una crisis instalada, sino a la necesidad de anticipación epidemiológica.
En un contexto de alta movilidad regional, los sistemas sanitarios ya no operan en compartimentos aislados. El tránsito constante de personas por turismo, comercio o migración amplifica la posibilidad de importación de casos. La experiencia internacional demuestra que el sarampión reaparece cuando las coberturas de vacunación descienden, incluso en países que habían logrado su eliminación años atrás.
El eje central de la estrategia costarricense se concentra en fortalecer la vigilancia epidemiológica y revisar los esquemas de inmunización pendientes. La identificación temprana de casos sospechosos, el seguimiento de contactos y la verificación de carnets de vacunación forman parte de un protocolo que busca cortar cualquier cadena de transmisión. La prevención descansa en mantener niveles de inmunidad colectiva suficientemente altos.
El desafío no radica únicamente en aplicar vacunas, sino en sostener la confianza pública en ellas. Tras la pandemia, varios países registraron interrupciones en controles pediátricos y campañas de refuerzo. En ese marco, Costa Rica procura evitar la formación de bolsas de población susceptible que puedan facilitar brotes localizados. La consistencia en la cobertura es tan decisiva como la rapidez de respuesta.

La alerta preventiva también revela una dimensión política e institucional. Un brote de sarampión no solo impacta en términos clínicos, sino que tensiona recursos hospitalarios y exige coordinación interinstitucional inmediata. La gobernanza sanitaria depende de actuar antes de que la curva epidemiológica se acelere, especialmente cuando el virus tiene alta capacidad de contagio.

En ese escenario, la cooperación regional se convierte en un componente estructural de la respuesta. Compartir información, armonizar criterios de notificación y reforzar campañas conjuntas reduce la probabilidad de expansión sostenida. La prevención no es un gesto aislado, sino una política sostenida que requiere disciplina institucional y responsabilidad social.