Golpe de 1973 en Chile: qué reveló el fallo por el secuestro de la uruguaya Benaroyo

La Corte Suprema de Chile confirmó de manera unánime la condena contra el ex teniente del Ejército Juan Iván Vidal Olgueta por su participación como cómplice en el secuestro calificado de la ciudadana uruguaya Mónica Cristina Benaroyo Penco. El fallo ratifica la sentencia dictada previamente por la Corte de Apelaciones de La Serena y cierra una etapa judicial iniciada décadas después de los hechos.

La causa se remonta a septiembre de 1973, en el contexto inmediato al golpe de Estado. Benaroyo Penco fue detenida en la ciudad de Arica y trasladada a recintos policiales y posteriormente militares. Desde entonces permaneció en condición de detenida desaparecida durante años, en un caso que se inscribe en el patrón represivo de la época.

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Hechos y antecedentes judiciales

Según los antecedentes acreditados en el proceso, la víctima fue privada de libertad sin orden judicial y sometida a condiciones que derivaron en su desaparición. Su cuerpo fue hallado en 2008 en el sector de Pampa Chaca Oeste, en el norte del país, en estado semimomificado y con signos evidentes de violencia, lo que permitió reactivar y profundizar la investigación.

El máximo tribunal sostuvo que no existieron errores en la valoración probatoria realizada por las instancias inferiores. En consecuencia, rechazó los recursos presentados por la defensa y confirmó la pena de tres años y un día de presidio, en calidad de cómplice del delito de secuestro calificado.

Mónica Cristina Benaroyo Penco.

Memoria, justicia y alcance institucional

La sentencia se inscribe en el proceso más amplio de persecución penal de crímenes cometidos durante la dictadura militar. En los últimos años, la justicia chilena ha continuado revisando causas vinculadas a desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas, bajo el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.

Corte Suprema confirma condena a exmilitar por secuestro de 1973.

Más allá de la pena concreta, el fallo reafirma la responsabilidad institucional en la investigación de violaciones a los derechos humanos y consolida una línea jurisprudencial que prioriza la verdad judicial y la reparación histórica. La decisión del máximo tribunal vuelve a poner en el centro la dimensión jurídica y moral de los crímenes ocurridos en 1973, y su impacto persistente en la memoria colectiva.