El cierre de FATE, una de las principales empresas fabricantes de neumáticos del país, reabrió el debate sobre el futuro de la industria nacional en el marco de la política de apertura económica impulsada por el Gobierno.
La decisión volvió a poner en discusión hasta qué punto el modelo productivo argentino puede sostenerse sin mecanismos de protección y cuáles son los costos de ese proceso.
Para sectores vinculados al oficialismo, el caso guarda cierto paralelismo con Techint: empresas que durante largos períodos funcionaron bajo esquemas de protección estatal y con precios internos elevados, sostenidos en parte por barreras a la competencia externa. En ese sentido, el cierre aparece como parte de un proceso de reordenamiento del mercado, aunque con consecuencias sociales relevantes.
Durante décadas, el sector del neumático operó en un contexto de fuerte regulación y limitaciones al ingreso de productos importados. Ese esquema redujo la competencia externa y permitió sostener la producción local, pero también derivó en precios más altos para los consumidores.
Desde el espacio libertario sostienen que este modelo terminó favoreciendo la supervivencia de empresas con baja competitividad internacional, trasladando los costos al conjunto de la sociedad. Bajo esa mirada, el caso FATE refleja los límites de una estructura basada en la protección y en márgenes elevados, que se volvió difícil de sostener en un escenario de mayor apertura.
“Se liquida todo y se baja la persiana”. Así anunciaron sus propietarios el cierre definitivo de FATE luego de 80 años de actividad. La frase resume el estado terminal al que Milei está llevando a la industria nacional.
— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) February 18, 2026
FATE venía produciendo apenas al 25% de su capacidad,… pic.twitter.com/4F4dZPtDTV
Más allá del análisis económico, la decisión tuvo un efecto inmediato en los trabajadores despedidos y en sus familias. Para quienes perdieron su empleo, la discusión sobre eficiencia, competencia o beneficios de largo plazo resulta secundaria frente a la necesidad de sostener ingresos y estabilidad.
Este aspecto vuelve especialmente sensible el caso, ya que combina una discusión estructural sobre el modelo productivo con un impacto social concreto. Incluso entre quienes reconocen que el esquema anterior tenía problemas, existe preocupación por la velocidad y la forma en que se producen estos ajustes.

Tras conocerse el cierre, referentes del oficialismo y del universo libertario apuntaron contra la conducción de la empresa. Entre ellos se destacó el Gordo Dan, quien vinculó al propietario de FATE con el kirchnerismo y con años de beneficios estatales.
En redes sociales también circularon versiones que sugirieron que el anuncio, realizado en la antesala del debate por la reforma laboral. El propio Javier Milei sugirió esa idea.
Este es Javier Madanes, dueño de Fate y Aluar. Con una fortuna estimada en 1.500 millones (MIL QUINIENTOS MILLONES) de dólares según Forbes 2024, es la persona número 12 MÁS RICA de la Argentina. Amante de los gobiernos kirchneristas —durante las gestiones de Néstor y Cristina… pic.twitter.com/Pby6s6JDkF
— DAN (@GordoDan_) February 18, 2026
Uno de los principales interrogantes es si el cierre de FATE representa una situación puntual o el inicio de una tendencia más amplia. Para el Gobierno, se trata de un ejemplo de empresas que no logran adaptarse a un mercado más abierto y competitivo.
Sin embargo, si los cierres se multiplican y alcanzan a sectores con trayectoria exportadora o capacidad histórica de competir, podría tratarse de un problema más general. En ese escenario, entrarían en juego factores macroeconómicos como el tipo de cambio, los costos financieros, la presión impositiva y las condiciones de acceso al crédito, que también inciden en la viabilidad de las empresas.
El cierre de FATE expone una tensión central del actual rumbo económico. Por un lado, refuerza el argumento de que los esquemas de protección prolongados derivaron en precios elevados y baja competitividad. Por otro, muestra el impacto inmediato que tiene el ajuste sobre el empleo y la vida cotidiana de miles de personas.
En ese cruce entre mercado, eficiencia y contención social, el Gobierno enfrenta uno de sus principales desafíos: lograr que los beneficios de la apertura y la estabilización macroeconómica se traduzcan, con el tiempo, en más inversión, empleo y desarrollo, sin que el proceso quede marcado únicamente por los costos de la transición.