Agroquímicos: qué pasó y cómo sigue el juicio a productores y exfuncionarios de Pergamino

Con dos audiencias ya realizadas, continúa el histórico juicio por el presunto uso indebido de agroquímicos en la ciudad bonaerense de Pergamino. En el banquillo de los acusados se encuentran siete productores rurales y dos ex funcionarios municipales, quienes comparecen ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario.

En la primera jornada, el fiscal federal Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, leyó la acusación durante su alegato de apertura.

Como ya informó NewsDigitales, están acusados los productores Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada. A ellos se suman los exintegrantes de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, asesor de la dependencia.

Durante su exposición, el fiscal atribuyó los hechos, detalló la acusación respecto de cada uno de los involucrados y precisó el encuadre legal correspondiente. A su postura adhirieron los abogados querellantes Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana, representantes de las familias denunciantes.

Por su parte, las defensas negaron los hechos imputados a sus representados y plantearon la “incompetencia” del tribunal para intervenir en el caso. Sin embargo, el presidente del TOF N° 2 resolvió postergar esa definición para el momento de la sentencia.

Si bien se replicaron las indagatorias, el único imputado que declaró fue Mario Tocalini, quien se desligó de los hechos.

¿Qué delitos imputó la Fiscalía?

Según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF), a los siete productores se los acusa como coautores del delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que establece penas de entre tres y diez años de prisión para “aquellas personas que, a través del uso de residuos, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

“Esa actividad la realizaron conociendo la ordenanza municipal que prohíbe la aplicación de plaguicidas o biocidas químicos mediante fumigación terrestre y/o aérea, cualquiera sea su tipo y dosis, a menos de 100 metros de la zona periurbana, cercana a viviendas o grupos de viviendas de ese sector poblado, contaminando con estas aplicaciones el ambiente en general de los barrios y las viviendas aledañas”, sostuvo Reynares Solari.

Foto Claudio González/ Ministerio Público 

El fiscal detalló el presunto accionar de cada uno de los acusados al fumigar a escasos metros de barrios como Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, así como de la Escuela N° 19 y del Jardín de Infantes N° 920.

En el caso de Fernando Cortese, además, se le imputan presuntas amenazas contra un familiar de las denunciantes en un hecho ocurrido en 2020. Según la acusación, habría realizado una “maniobra brusca y a toda velocidad” con su camioneta Toyota Hilux, cambiando de carril con “intención intimidatoria y amenazante” sobre el vehículo que conducía el padre de una de las denunciantes en la ruta provincial N° 32.

En tanto, a los exfuncionarios Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini se los acusa de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en los términos del artículo 248 del Código Penal.

Testimonios clave en la segunda audiencia

Durante la segunda jornada declararon dos de las denunciantes: Sabrina Ortiz y María Alejandra Bianco. Ortiz es una de las caras visibles de la lucha vecinal contra las fumigaciones. En el marco de ese proceso, se recibió de abogada para litigar en el caso y dedicarse a causas ambientales.

En su testimonio sostuvo que la contaminación ambiental está acreditada por estudios que detectaron glifosato y otros plaguicidas en agua y en sangre de vecinos, y cuestionó la respuesta de los funcionarios municipales a quienes, según relató, habían advertido oportunamente.

Por su parte, María Alejandra Bianco describió las enfermedades que afrontan sus hijos y se refirió a la muerte de su pareja por cáncer, que atribuye a la contaminación ambiental.

También declararon efectivos policiales que participaron de la investigación.

Un pronunciamiento de ingenieros agrónomos en medio del juicio

En paralelo al desarrollo del juicio, la Asociación de Ingenieros Agrónomos del norte de la provincia de Buenos Aires (AIANBA) difundió un posicionamiento respecto del uso de fitosanitarios y abogó por “la integración de tecnología, buenas prácticas y marcos regulatorios como la fórmula para garantizar alimentos seguros y un ambiente protegido”.

El documento de la entidad -que coincide en parte con planteos realizados por el intendente de Pergamino, Javier Martínez- enfatizó la necesidad de un uso responsable bajo el esquema de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

“Este enfoque asegura que la actividad se desarrolle de manera profesional, mediante recetas agronómicas firmadas por ingenieros agrónomos matriculados, equipos aptos y aplicaciones realizadas bajo condiciones ambientales adecuadas”, señalaron.

En esa línea, agregaron que “la visión del sector promueve un equilibrio necesario entre la capacidad de producir alimentos de alta calidad y un compromiso firme con la sostenibilidad”.

Cabe recordar que en Pergamino rige desde 2019 una medida cautelar de la Justicia federal que dejó sin efecto la ordenanza municipal sobre fitosanitarios y estableció una prohibición de aplicación de agroquímicos a 1.095 metros de las zonas urbanas.

¿Cómo sigue el juicio?

La próxima audiencia se realizará el miércoles 25 de febrero, con testimonios de vecinos afectados, personal municipal y operarios que participaron en fumigaciones.

Sobre el cierre de esa jornada se prevén las declaraciones de los dos exfuncionarios imputados

En las audiencias restantes también está previsto que declaren peritos que integraron una mesa técnica durante la investigación, propuestos por la querella y designados por el juez instructor.

Las fechas fijadas para marzo son los días 4, 11, 12, 13, 25, 26 y 27. Luego tendrán lugar los alegatos y se fijará la fecha de la sentencia.

El proceso judicial avanza en un escenario atravesado por una discusión pública más amplia sobre los controles, las distancias de aplicación y los marcos regulatorios en zonas rurales y periurbanas. Por el perfil de los imputados y la instancia oral en la que se encuentra, el caso podría convertirse en un antecedente relevante a nivel nacional, en un tema donde existen escasos precedentes de este tipo en la Justicia federal.