En el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, distintos espacios presentaron su propio proyecto.
Uno de ellos es el de Nicolás Massot, cuya propuesta alternativa busca combinar flexibilidad con mayores resguardos institucionales.
El proyecto plantea diferencias sustanciales con la iniciativa oficial, especialmente en torno al banco de horas, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el rol del Estado en la protección del empleo.
Lejos de rechazar la modernización, el texto propone una “flexibilización regulada”, con límites claros para evitar situaciones de abuso o precarización.
Uno de los ejes centrales del dictamen es el régimen de banco de horas, que permite distribuir la jornada laboral de manera variable según las necesidades productivas, pudiendo reemplazar al esquema de horas extras.
A diferencia del proyecto del Gobierno, que amplía su uso con menos restricciones, la iniciativa de Massot establece condiciones explícitas. El texto señala que el sistema debe ser “voluntario, reversible y debidamente reglamentado”.
En ese sentido, dispone que:
El proyecto advierte que la flexibilidad “no puede transformarse en una herramienta de presión encubierta”, y que su implementación debe respetar el equilibrio entre las partes.
Uno de los diferenciales más marcados del dictamen es la protección para quienes decidan no adherir al banco de horas.
El texto establece de manera taxativa que “la negativa del trabajador a participar del régimen no podrá ser considerada, directa ni indirectamente, como causa de sanción, despido o pérdida de beneficios”.
Además, obliga al empleador a garantizar “idénticas condiciones laborales y salariales” para quienes mantengan el esquema tradicional de horas extras.
De esta manera, Massot busca evitar que el carácter formalmente voluntario del sistema derive, en la práctica, en adhesiones forzadas por temor a represalias.
Otro de los puntos clave del dictamen es el rediseño del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que en el proyecto oficial tenía un perfil más cercano a los mecanismos financieros privados.
Se trata del sistema de ahorro y cobertura destinado a atender situaciones como despidos, suspensiones, reconversiones productivas o transiciones entre empleos, con una lógica más cercana a un fondo individualizado y financiado por las empresas.
El objetivo es reemplazar gradualmente algunos mecanismos tradicionales de protección por un esquema más “autónomo” y ligado al desempeño del sector privado.
Según el texto del Gobierno, el Fondo de Asistencia Laboral funciona como una cuenta especial asociada a cada trabajador o grupo de trabajadores, alimentada principalmente por aportes patronales.
La propuesta de Massot no elimina el fondo, pero modifica su lógica de funcionamiento. Según el propio diputado, se trata de “transformarlo sin desmantelarlo”.
El texto del diputado opositor establece que:
De este modo, el fondo conserva un perfil público y estatal, orientado a la protección social.
En materia de financiamiento, el dictamen mantiene el esquema aprobado en el Senado, aunque con ajustes relevantes.
Las contribuciones al FAL siguen siendo optativas y se fijan en:
Con posibilidad de aumento hasta 1,5% y 3%, respectivamente.
Sin embargo, Massot introduce una diferencia central: elimina la reducción de contribuciones patronales a la Seguridad Social que preveía el proyecto oficial.
En el texto se excluye expresamente ese beneficio y se suprimen los artículos que habilitaban esa rebaja. El objetivo, según el dictamen, es evitar que el financiamiento del fondo se haga a costa del sistema previsional.
Otra diferencia con el proyecto oficial se vincula con el rol de los sindicatos y los convenios.
El dictamen advierte que “la asimetría estructural entre empleador y trabajador” puede derivar en acuerdos formalmente voluntarios, pero materialmente forzados.
Por ese motivo, prioriza la negociación colectiva como ámbito principal para definir cambios en jornada, descansos y modalidades laborales, en contraste con la mayor apertura a pactos individuales que propone el Gobierno.