La discusión sobre el fracking en México ingresó en una fase decisiva. Tras años de rechazo político, el gobierno de Claudia Sheinbaum abrió la puerta a evaluar la técnica bajo el argumento de la autosuficiencia. El trasfondo es una estructura energética que depende del gas importado para sostener generación eléctrica e industria pesada. La soberanía energética dejó de ser una consigna retórica para convertirse en un problema operativo.
El cambio no implica aún explotación masiva ni reformas legislativas definitivas, pero sí una señal estratégica hacia los mercados. México enfrenta un dilema estructural: continuar dependiendo del suministro estadounidense o desarrollar recursos propios bajo nuevas condiciones regulatorias. La geografía energética del norte del país vuelve a ocupar el centro del tablero, con formaciones de shale que durante años permanecieron políticamente congeladas.
El eventual desarrollo de gas no convencional modificaría la relación energética con Estados Unidos. Actualmente, el flujo de gas texano hacia territorio mexicano es un pilar de la integración económica regional. Reducir esa dependencia implicaría alterar equilibrios comerciales y contractuales consolidados durante la última década. El debate no es únicamente técnico, sino geoestratégico, porque redefine la interdependencia bilateral.
Al mismo tiempo, la apertura a inversión público-privada podría atraer capital y tecnología en un contexto de nearshoring industrial. Empresas energéticas observan el movimiento con cautela, evaluando riesgos regulatorios y estabilidad normativa. La señal que envíe el Ejecutivo sobre reglas claras y supervisión ambiental será determinante para transformar una discusión política en un proyecto económicamente viable.

El fracking también se inserta en una tensión mayor: cómo equilibrar expansión gasífera con compromisos climáticos. México ha suscrito metas internacionales de reducción de emisiones, y ampliar la producción de hidrocarburos puede generar fricciones internas y externas. La coherencia entre política energética y política ambiental será puesta a prueba en los próximos meses.

En el plano interno, el tema puede convertirse en un punto de fractura dentro de la coalición oficialista y frente a organizaciones sociales. La narrativa de soberanía compite con preocupaciones hídricas y climáticas arraigadas en la opinión pública. La viabilidad del proyecto dependerá menos del recurso disponible que de la legitimidad política que logre construir el gobierno en torno a su estrategia.