El paro general de 24 horas convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) alcanzó un nivel de adhesión superior al 90% en los sectores industriales, bancarios y de servicios. La parálisis fue casi total en el transporte público, lo que afectó el normal desarrollo de la actividad económica en todo el país. Tras este balance, la cúpula sindical anunció que el conflicto contra la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei entrará en una nueva etapa.
"Esta huelga ha sido de un enorme acatamiento, de más del 90% de la actividad detenida"
— Corta (@somoscorta) February 19, 2026
Jorge Sola dijo que la CGT fue "consecuente y responsable en mantener la paz social" y aseguró que la Ley de Modernización Laboral "retrocede 100 años".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/veSh8MFlTY
El triunvirato de mando de la central obrera adelantó que el objetivo inmediato es bloquear la aplicación de la ley a través de presentaciones legales. Consideran que el proyecto que se debate en la Cámara de Diputados vulnera derechos garantizados por la Constitución Nacional. Esta estrategia busca frenar los cambios en las indemnizaciones y los límites al derecho a huelga que propone el oficialismo.
La CGT confirmó que judicializará la reforma laboral bajo el argumento de "inconstitucionalidad" y comenzará una campaña para "exponer" a los gobernadores y legisladores que apoyaron el proyecto oficial en el Congreso de la Nación.
📢 ANÁLISIS SOBRE LA CONTUNDENCIA DEL PARO GENERAL
— CGT (@cgtoficialok) February 19, 2026
En conferencia de prensa desde el Salón Felipe Vallese, confirmamos los altos niveles de acatamiento en todo el país y analizamos el mensaje que dejaron las y los trabajadores con esta medida.
El paro fue claro: existe un… pic.twitter.com/cS0YPdD4M5
El próximo paso del plan de acción sindical consiste en la "judicialización" de la norma si finalmente es sancionada. Los líderes gremiales, entre ellos Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, aseguraron que "esto recién empieza" y que no aceptarán un retroceso en las conquistas laborales. La central obrera busca que la Justicia dicte medidas cautelares que suspendan los efectos de la ley.
Además, el sindicalismo endureció su postura frente a los mandatarios provinciales. Acusaron de "cómplices de traición" a los gobernadores que ordenaron a sus diputados dar quórum para habilitar el debate. El mensaje busca presionar a los representantes del interior antes de la votación definitiva, advirtiendo que "el pueblo tiene memoria" a la hora de las elecciones.
Cabe destacar que el oficialismo logró el quórum en la Cámara de Diputados debido al apoyo de los legisladores que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), pertencientes al peronismo no kirchnerista.
💪🏽 PARO NACIONAL 19/2
— CGT (@cgtoficialok) February 19, 2026
Con un alto acatamiento en todo el país, las y los trabajadores paramos en defensa de nuestros derechos.
Calles, fábricas, oficinas, estaciones y centros de producción reflejan una decisión colectiva:
📢 No a la reforma laboral.
No es modernización.
Es… pic.twitter.com/2nEAHB6UF9
Durante la conferencia de prensa en la sede de la calle Azopardo, la cúpula cegetista detalló el impacto económico que, según sus cálculos, tendrá la nueva legislación. Sola explicó que, a través del Artículo 163, se pretende bajar aportes patronales por un valor de 3.000 millones de dólares anuales.
A esta cifra le sumaron otros 3.000 millones de dólares que dejarían de ingresar al sistema de previsión social (jubilaciones). "Seis mil millones anuales que van a pasar del salario diferido de los trabajadores hacia el sector financiero", señalaron. Este dato fue utilizado para contrastar las críticas del Ministerio de Economía sobre las pérdidas económicas que genera un día de huelga.

El impacto del paro fue determinante debido a la adhesión total de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y La Fraternidad (maquinistas de trenes). Sin transporte público, la actividad en los grandes centros urbanos fue mínima. El Gobierno estimó que la pérdida económica por la jornada de protesta ronda los 600 millones de dólares y adelantó que evaluará multas para los gremios de transporte por no garantizar servicios mínimos.
El cese de actividades también paralizó el polo agroexportador y las operaciones bancarias. A pesar de que el oficialismo eliminó el artículo 44 sobre licencias médicas para intentar desactivar la protesta, la central obrera mantuvo la medida de fuerza centrada en su rechazo al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo sistema diseñado para financiar las indemnizaciones por despido.
TM