El debate de la reforma laboral en la Cámara de Diputados tomó un rumbo definitivo tras confirmarse la inasistencia de tres legisladores nacionales por Córdoba. Estas ausencias resultan determinantes para que el oficialismo asegure la aprobación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL). Se trata de una herramienta diseñada por el Ministerio de Economía para captar recursos que actualmente ingresan al sistema público.
La falta de quórum o de votos negativos por parte de este sector de la delegación cordobesa debilita la estrategia de la oposición. Sectores de Unión por la Patria, la Izquierda y bloques federales buscaban reunir 129 votos para rechazar el capítulo de las indemnizaciones. Sin embargo, el esquema de ausencias en el bloque Provincias Unidas desarticuló la posibilidad de frenar la iniciativa oficial.
La ausencia de los diputados Juan Schiaretti, Alejandra Torres e Ignacio García Aresca permite al Gobierno nacional blindar el FAL, un mecanismo que trasladará 3.000 millones de dólares de aportes patronales desde la ANSES hacia fondos de inversión privados.

Las justificaciones de los legisladores que responden al esquema del gobernador Martín Llaryora varían según el caso. Torres se encuentra en España dictando cursos para una organización no gubernamental, un compromiso agendado antes de la convocatoria a sesiones extraordinarias. Por su parte, el entorno de Schiaretti indicó que no pudo viajar debido a las complicaciones en los vuelos generadas por el paro nacional.
En el caso de García Aresca, no se brindaron precisiones oficiales sobre su inasistencia al cierre de la jornada. Fuentes parlamentarias sugieren que estas bajas responden a una indicación política directa para facilitar la sanción de artículos clave para el Poder Ejecutivo. La situación ocurre apenas una semana después de que el exgobernador jurara formalmente su cargo en la Cámara baja.

El FAL es una pieza central en la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, para reforzar las cuentas del Tesoro. La reforma propone que los empresarios dejen de girar aportes patronales al sistema previsional para depositarlos en cuentas de inversión supervisadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto en juego se estima en 3.000 millones de dólares anuales.
Desde los sectores sindicales y la oposición dura, se advierte que esta medida desfinancia el sistema de jubilaciones y pensiones. Además, el nuevo esquema de indemnizaciones busca reducir los costos de salida para las empresas, facilitando procesos de despido. El oficialismo, en tanto, defiende la medida como una forma de dar "previsibilidad" al sector empleador y fomentar la inversión privada.
En el ámbito provincial, el legislador Bernardo Knipscheer intentó que la Unicameral instara formalmente a los diputados nacionales a rechazar la norma. En sus fundamentos, calificó a la reforma como una "regresión en materia de derechos laborales". Durante su exposición, detalló que en la Argentina cierran 29 empresas por día y 394 personas pierden su empleo en cada jornada.
Pese al pedido, el oficialismo cordobés no acompañó el tratamiento sobre tablas para evitar fisuras internas. Otros legisladores del PJ alineados con el gobierno provincial defendieron la postura de Llaryora, afirmando que se busca evitar la pérdida de derechos pero sin bloquear la "modernización" necesaria. Finalmente, la votación dividió al bloque oficialista, evidenciando diferencias entre el sector sindical y la conducción política.
TM