Amplían la denuncia por el contrato de Cancillería con la asociación que dirige la esposa de Sturzenegger

La causa que analiza la contratación de cursos de inglés por parte de la Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) sumó un nuevo capítulo. Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, presentaron una ampliación de denuncia en el expediente CFP 631/2026.

La entidad educativa es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico Sturzenegger, y el caso generó cuestionamientos por un eventual conflicto de intereses.

Los nuevos hechos incorporados

Según la presentación judicial, los elementos agregados surgen de una investigación publicada por la Agencia Noticias Argentinas y “abonan la hipótesis” de posibles delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles con la función pública.

Uno de los puntos señalados refiere a un presunto incumplimiento parcial en la publicación del expediente. Los denunciantes sostienen que, aunque el Decreto 202/2017 exige difundir la documentación tanto en la web de la Oficina Anticorrupción (OA) como en la del organismo contratante, el enlace público solo exhibía actuaciones hasta el documento #0043, mientras que en el sistema estatal GDE ya figuraban otras dos actuaciones que no eran visibles.

Diferencias en los cupos y costos

Otro eje de la ampliación apunta a la cantidad de agentes que participaron del contrato anterior. Según el escrito, durante 2025 habrían cursado solo 10 agentes, mientras que para 2026 el cupo se elevó a 132.

Los denunciantes sostienen que el esquema de costos por alumno podría incrementarse si no se completa la matrícula prevista.

Cuestionamientos sobre la “especialidad”

El tercer punto cuestiona el argumento de “especialidad” utilizado para justificar la contratación directa. Según la denuncia, la AACI se presentó como el “único Centro Platino” de exámenes Cambridge en la Ciudad de Buenos Aires que dicta cursos preparatorios.

Sin embargo, los abogados señalaron que existirían otros centros con estatus similar en Buenos Aires y que esa condición debía ser verificada.

Publicación en la Oficina Anticorrupción

Finalmente, la presentación remarca que la contratación directa no figuraba inicialmente en el buscador público de la Oficina Anticorrupción. Según indicaron, el 15 de febrero no aparecía publicada y el 18 fue incorporada, por lo que solicitaron determinar la fecha real de carga mediante una pericia técnica.

En el encuadre jurídico, los denunciantes sostienen que los hechos podrían configurar incumplimientos administrativos previstos en el artículo 248 del Código Penal y eventualmente influencias indebidas contempladas en el artículo 265.

Con la ampliación presentada, la causa suma nuevos elementos que deberán ser analizados por la Justicia en un expediente que mantiene bajo la lupa la contratación de la Cancillería.

ND