La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, expríncipe del Reino Unido, marcó un punto de inflexión sin precedentes en la historia contemporánea de la monarquía británica. El 19 de febrero de 2026, justamente el día en que cumplía 66 años, el segundo hijo de la reina Isabel II y hermano del actual soberano fue arrestado en su residencia de Sandringham, en el condado de Norfolk, bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público.
No se registraba la detención de un miembro de tan alto rango de la familia real desde hace casi cuatro siglos, en una etapa histórica marcada por fuertes tensiones entre la Corona y el Parlamento. Aunque el contexto actual es completamente distinto, el simbolismo institucional del hecho es innegable.
La causa no está vinculada directamente a delitos sexuales, sino a presuntas irregularidades cometidas durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido. La policía investiga si, en ese rol, pudo haber compartido información confidencial con el financista estadounidense Jeffrey Epstein, cuyo entramado de abusos y tráfico sexual sacudió a las élites internacionales.

El nombre de Andrés había quedado severamente dañado tras las denuncias de Virginia Giuffre, quien lo acusó de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando era menor de edad. Aunque el expríncipe negó las acusaciones y alcanzó un acuerdo extrajudicial en 2022, la controversia derivó en la pérdida de sus funciones oficiales, honores militares y el uso público del tratamiento de Su Alteza Real. Esta nueva investigación amplía el foco hacia su conducta institucional, más allá del escándalo original.
Tras ser arrestado, Andrés permaneció aproximadamente once horas bajo custodia policial antes de ser liberado bajo investigación, una figura jurídica del sistema británico que implica que no existen cargos formales por el momento, pero que el expediente continúa abierto. La policía también realizó registros en propiedades vinculadas a él, incluida Royal Lodge, su residencia en Windsor.

La liberación no supone una exoneración ni el cierre del caso. Significa que los investigadores continúan evaluando documentación, testimonios y posibles nuevas pruebas antes de decidir si presentan cargos formales.
El rey Carlos III emitió un comunicado breve pero significativo en el que afirmó que la ley debe seguir su curso y que la familia real cooperará plenamente con las autoridades. La declaración buscó transmitir institucionalidad y evitar cualquier percepción de interferencia. Por su parte, la familia de Giuffre sostuvo que la detención demuestra que nadie está por encima de la ley, una frase que resonó tanto en el Reino Unido como a nivel internacional y que reavivó el debate sobre la rendición de cuentas dentro de las élites.

La causa está siendo conducida por la Thames Valley Police, que confirmó que la investigación permanece activa. Entre los escenarios posibles se contemplan nuevas citaciones a declarar, ampliación de registros o la eventual presentación de cargos si surgen pruebas adicionales que respalden las sospechas iniciales.
El proceso podría extenderse durante meses, dado el carácter sensible del caso y la necesidad de reunir evidencia sólida antes de adoptar decisiones judiciales definitivas.
Más allá de la situación personal del ex príncipe, el episodio representa un nuevo desafío para la monarquía británica en la etapa de consolidación del reinado de Carlos III. La decisión de permitir que la justicia actúe sin privilegios aparentes apunta a reforzar la idea de igualdad ante la ley, aunque el impacto reputacional vuelve a colocar a la institución bajo escrutinio público.
El arresto no solo reactiva el recuerdo del escándalo Epstein, sino que abre una nueva fase de incertidumbre jurídica que podría redefinir definitivamente el lugar de Andrés en la historia reciente de la Corona.