El fiscal federal Carlos Stornelli se incorporó a la causa penal iniciada por el Gobierno que califica como “terrorismo” ciertos hechos ocurridos durante las protestas contra la discusión de la reforma laboral en el Congreso de la Nación Argentina.
La denuncia, promovida por el Ministerio de Seguridad, sostiene que episodios de violencia y ataques contra fuerzas de seguridad y bienes públicos -que tuvieron lugar el pasado 11 de febrero y que terminaron con la detención de 70 personas- podrían encuadrarse en la ley antiterrorista vigente, y fue presentada ante la justicia federal para avanzar en la identificación de los responsables de los disturbios.
Ese día se vio a un grupo de personas preparando bombas molotov que posteriormente arrojaron contra la policía. Días después se produjeron tres detenciones, dos de las cuales fueron personas en situación de calle. Uno de ellos fue liberado sin cargos, otro fue excarcelado, acusado de haber sido partícipe secundario porque sostenía el fenólico detrás del cual se guarnecía el resto. Y el tercero es Milton Iván Tolomeo, detenido por portación de elementos inflamables, intimidación pública y atentado a la autoridad agravado.
Esa causa tramita en el ámbito judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El juez a cargo es Gonzalo Rúa, que desestimó usar el agravante por terrorismo que había pedido la fiscalía porteña y decidió que el expediente pasara a la justicia federal con asiento en los tribunales de Comodoro Py.
Hace dos años, Stornelli pidió la prisión preventiva de 33 personas capturadas por la policía en momentos en que se manifestaban contra la Ley Bases, bajo el fundamento que le aportó un tuit del Gobierno denunciando un intento de “golpe de Estado”. La jueza María Servini no estuvo de acuerdo y ordenó la liberación de los detenidos.