Privatización de trenes: el plan del Gobierno hasta 2028

La Secretaría de Transporte oficializó la prórroga de la emergencia pública en materia ferroviaria por un plazo adicional de 24 meses, hasta junio de 2028, con el objetivo de profundizar un plan de recuperación integral de la red nacional de trenes de pasajeros y cargas.

La medida quedó establecida mediante la resolución 12/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe en la estrategia del Gobierno de avanzar con obras prioritarias antes de encarar un proceso de privatización de los servicios.

Según el texto oficial, se implementará un plan de recuperación de toda la red “orientada a su eficientización y futura privatización”.

Continuidad del plan iniciado en 2024

La resolución señala que la prórroga permitirá “dar continuidad al Plan de Acción iniciado en agosto de 2024 y profundizar las mejoras en seguridad operativa, infraestructura y material rodante del sistema ferroviario nacional”.

El propio marco normativo de la emergencia declarada el año pasado ya contemplaba la posibilidad de una única extensión por hasta dos años, ante la magnitud del deterioro de la red y la necesidad de ejecutar obras indispensables para mejorar la situación crítica del sistema.

Más de 200 obras y acciones estratégicas

Desde el inicio de la emergencia, el Ejecutivo informó que se puso en marcha un Programa de Obras, Trabajos y Contrataciones Indispensables y Urgentes, que permitió priorizar intervenciones críticas en distintos puntos del país.

En ese marco, se diseñaron 226 obras y otras 60 acciones estratégicas destinadas a mejorar el estado de las vías, el material rodante, el señalamiento, la infraestructura eléctrica y la mitigación de riesgos operativos.

Cómo se reparten los recursos

El plan de obras distribuyó los fondos con el siguiente esquema: 31% para obras en vías y puentes; 27% para compra y reparación de material rodante, adquisición de repuestos y modernización de talleres; 26% para obras de señalamiento; 7% para infraestructura estratégica; 5% para obras eléctricas y el resto para intervenciones vinculadas a infraestructura deteriorada y reducción de riesgos.