Crisis sin estallido en Perú: el poder se mueve en Lima y la gente mira a otro lado

Perú volvió a cambiar de presidente sin que el pulso de la calle se alterara de forma significativa. La escena, que en otro momento habría desencadenado protestas masivas, hoy se diluye entre la rutina urbana y la urgencia económica. El país acumula una secuencia inédita de reemplazos en la jefatura del Estado, pero la reacción social parece cada vez más tenue. La crisis política dejó de ser excepcional para convertirse en paisaje permanente.

El fenómeno no implica estabilidad, sino una forma de adaptación colectiva. Comerciantes, transportistas y trabajadores informales continúan su actividad diaria mientras el poder se redefine en el Congreso. La política se percibe como un ámbito distante, incapaz de modificar las condiciones materiales inmediatas. La desconexión entre representación institucional y vida cotidiana se profundiza con cada relevo presidencial.

Perú 

Arquitectura de la fragilidad

La reiteración de destituciones y reemplazos no responde únicamente a conflictos personales, sino a un diseño institucional vulnerable. La figura de la vacancia por incapacidad moral ha sido utilizada como herramienta de presión y control legislativo. Este mecanismo, concebido como recurso excepcional, terminó por integrarse al cálculo político ordinario. El Congreso concentra un poder determinante que altera el equilibrio clásico entre Ejecutivo y Legislativo.

A ello se suma la fragmentación partidaria y la ausencia de estructuras orgánicas sólidas. Las bancadas operan con cohesión limitada y las alianzas se configuran en función de coyunturas específicas. La presidencia, en este contexto, depende de mayorías volátiles que pueden evaporarse en cuestión de semanas. La gobernabilidad se transforma en una negociación constante, más táctica que programática.

Perú encadena presidentes y convierte la crisis política en rutina silenciosa.

Resiliencia social y desgaste democrático

La ausencia de movilizaciones masivas no debe interpretarse como aprobación, sino como agotamiento. Tras años de confrontación política, una parte significativa de la población prioriza la supervivencia económica sobre la disputa institucional. La informalidad laboral y la precariedad reducen el margen para la protesta sostenida. La energía social se concentra en sostener ingresos antes que en disputar el poder.

La rotación presidencial expone fragilidad institucional y desgaste democrático.

Sin embargo, esta normalización del reemplazo permanente erosiona la legitimidad del sistema en el mediano plazo. Cada transición abrupta debilita la continuidad de políticas públicas y limita la planificación estratégica. La democracia persiste formalmente, pero su calidad se tensiona bajo ciclos de inestabilidad recurrente. El riesgo no es el colapso inmediato, sino la consolidación de una democracia fatigada y desconfiada.