El Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para reformular el financiamiento de las universidades públicas en 2026. La iniciativa busca sustituir la Ley de Financiamiento Universitario vigente mediante un nuevo esquema de actualización salarial y gastos de funcionamiento.
El texto, que lleva la firma del presidente Javier Milei, establece cambios en la periodicidad de las paritarias y en la forma de asignar recursos. El objetivo oficial es armonizar los gastos del sector con las metas de equilibrio fiscal previstas en el presupuesto general del próximo año.
El nuevo proyecto propone un incremento salarial total del 12,3% para docentes y no docentes, dividido en tres cuotas fijas, junto con un refuerzo de más de $80.000 millones para el funcionamiento de los hospitales universitarios.
El proyecto de ley fija una recomposición salarial escalonada sobre los sueldos básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Se prevén tres incrementos del 4,1% cada uno, que se aplicarán en los meses de marzo, julio y septiembre de 2026. Estos porcentajes no son acumulativos y operan como un techo fijo para la recomposición de haberes del año.
Asimismo, la normativa obliga al Gobierno a convocar a una negociación paritaria el mes siguiente a la sanción de la ley. Estas reuniones entre funcionarios y gremios deberán realizarse con una periodicidad no mayor a los tres meses calendario. La convocatoria debe incluir tanto al personal docente como al no docente de todas las instituciones nacionales.
Para los gastos de funcionamiento, el texto introduce una "cláusula gatillo" condicionada a la inflación. El presupuesto para estas actividades solo se ajustará si el aumento de precios medido por el Indec supera el 14,3% anual. Este porcentaje es el valor promedio utilizado por el Ministerio de Economía para elaborar el presupuesto nacional de 2026.
Si la inflación observada cruza ese umbral, el crédito presupuestario se adecuará para "preservar el incremento real otorgado" y evitar la desvalorización de las partidas. Este mecanismo alcanza a los gastos operativos generales, el fortalecimiento de la ciencia y técnica, y el sistema de salud de las casas de estudio.

El proyecto contempla un refuerzo presupuestario específico de $80.072.460.000 para el sistema de salud universitario. Estos fondos se destinarán a la Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios dentro del programa de desarrollo de la educación superior. El monto busca asegurar el financiamiento del sistema de salud que depende directamente de las universidades nacionales.
Por otro lado, la iniciativa redefine los objetivos de inversión para becas y equipamiento tecnológico. A diferencia de la normativa previa, el Ministerio de Capital Humano establece fuentes de financiamiento concretas para evitar la suspensión de la ley por falta de recursos. El Consejo Interuniversitario Nacional y la Federación Universitaria Argentina manifestaron su desacuerdo con los cambios, señalando que el proyecto reduce las garantías automáticas contra la inflación previstas en la ley 27.795.
TM