El reciente cierre de la planta de FATE volvió a poner en primer plano un episodio clave del conflicto del neumático ocurrido en 2022, cuando el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, protagonizó un fuerte cruce en el Congreso con la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá.
En aquel momento, el Gobierno buscaba destrabar una prolongada disputa entre las empresas del sector y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), que había paralizado la producción durante semanas. Massa había advertido públicamente que, si no se alcanzaba un acuerdo y no se normalizaba la actividad, se evaluaría la apertura de importaciones como mecanismo de presión.
Ese planteo generó un fuerte rechazo en sectores sindicales y de la izquierda, que lo interpretaron como una amenaza directa contra los puestos de trabajo.
Durante gran parte de 2022, las negociaciones paritarias del sector del neumático estuvieron atravesadas por medidas de fuerza, paros y bloqueos en las principales plantas del país. La falta de acuerdo impactó en la industria automotriz y en otras cadenas productivas.
Frente a ese escenario, Massa intervino activamente y buscó forzar una instancia de diálogo entre las partes. En ese marco, deslizó la posibilidad de habilitar mayores importaciones de neumáticos si persistía el estancamiento.
La declaración provocó un fuerte debate político y derivó en un cruce directo en el recinto de la Cámara de Diputados.

Durante una reunión legislativa, Del Plá cuestionó duramente la postura del ministro y lo acusó de favorecer a las empresas en detrimento de los trabajadores.
“Repudio la acción que usted ha tenido en relación a los trabajadores del neumático, poniéndose claramente al servicio de las patronales”, expresó.
En esa línea, agregó que la apertura de importaciones era utilizada como un mecanismo de presión: “Habló de abrir las importaciones para extorsionar a los trabajadores del neumático”, sostuvo, y señaló que las empresas del sector ya se habían beneficiado con “dólares baratos para importar”. Además, vinculó esa política con el deterioro del poder adquisitivo: “¿Cómo combina esa situación con este nivel de inflación que se come los ingresos de los asalariados?”.
Luego, Massa tomó la palabra y rechazó las acusaciones. En primer lugar, planteó que el conflicto estaba marcado por la falta de flexibilidad de ambas partes.
“La inflexibilidad supone que hay dos partes que no se sientan a la mesa”, afirmó, y detalló que ese mismo día los actores del conflicto se negaban a reunirse entre sí en el Ministerio de Trabajo.
En ese sentido, sostuvo: “Llamar a que se termine el capricho de no querer sentarse con la otra parte no me parece que sea tomar partido”.
El entonces ministro también defendió el rol del Estado como mediador y puso el foco en el impacto económico del conflicto: “Gobernar es tratar de evitar el daño más grave en situaciones de conflicto”.
Y advirtió sobre las consecuencias para el empleo: “Que un grupo de dirigentes sindicales y políticos ponga en riesgo una cadena de valor que tiene 150.000 empleos es un problema que debe ser atendido por el gobierno”.
En el mismo intercambio, Massa también respondió a cuestionamientos sobre la falta de diálogo con el sector sindical y negó haber desatendido los reclamos.
En ese marco, afirmó que el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, había mantenido reuniones con los representantes gremiales, incluso junto a Pablo Moyano.
“Mintió ayer el sindicalista del neumático que dijo que no había sido atendido”, sostuvo el ministro, aludiendo a esos encuentros.
A tres años de aquel cruce, el debate sobre el equilibrio entre negociación salarial, protección del empleo y política comercial vuelve a ocupar un lugar central, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro del sector.