Patagonia en llamas y una deuda millonaria: qué pasó con los bomberos voluntarios

La diputada bonaerense Priscila Minnaard, dirigente de la Unión Cívica Radical, presentó un proyecto en el que denuncia que el gobierno de Javier Milei no completó durante 2025 la transferencia de los fondos destinados al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, recursos que están garantizados por la Ley 25.054.

Según el planteo legislativo, Nación realizó solo una parte del pago correspondiente y decidió no transferir el remanente contemplado por la normativa vigente. La legisladora reclamó que el gobierno bonaerense exija de manera “eficiente y urgente” el envío de los montos pendientes, destinados principalmente a equipamiento y funcionamiento de los cuarteles en todo el país.

El fondo en cuestión se financia mediante un aporte obligatorio del 5 por mil aplicado a las pólizas de seguros —excepto las de vida—, por lo que no se trata de partidas discrecionales del Tesoro. Para 2025, estaban previstos más de 52 mil millones de pesos, aunque el segundo desembolso nunca se concretó. Distintas estimaciones señalan que la deuda oscilaría entre 12 mil millones y más de 25 mil millones de pesos.

El conflicto tomó mayor visibilidad tras los incendios forestales en la Patagonia, cuando el Gobierno anunció el envío de más de 120 mil millones de pesos para fortalecer el sistema. Desde asociaciones de bomberos aclararon que ese monto no constituye un refuerzo extraordinario, sino el cumplimiento de obligaciones legales ya existentes y financiadas por los propios aportes ciudadanos.

Mientras tanto, en los cuarteles esperan que las transferencias anunciadas incluyan la deuda acumulada del año pasado. Sin embargo, dirigentes del sector advierten que la cifra informada coincide con el presupuesto previsto para 2026, lo que abre interrogantes sobre si efectivamente se regularizarán los fondos pendientes.

Reclamos abiertos y costo político en medio de emergencias

El episodio vuelve a poner en discusión el vínculo entre el ajuste fiscal impulsado por la Casa Rosada y el financiamiento de áreas sensibles vinculadas a emergencias. La demora en los envíos ocurre en un contexto donde los bomberos voluntarios cumplen un rol central frente a incendios forestales, inundaciones y catástrofes climáticas sin estructura estatal propia.

En términos políticos, el reclamo expone una tensión creciente entre provincias, legisladores opositores y el Gobierno nacional respecto del manejo de fondos con asignación específica. La discusión ya no gira solo sobre el volumen del gasto público, sino sobre el cumplimiento de leyes vigentes, un terreno donde la administración libertaria enfrenta cuestionamientos incluso desde sectores no alineados con el kirchnerismo.