Pablo Torello, exdiputado PRO: “El Gobierno está siendo objeto del lobby de las grandes semilleras”

El Gobierno nacional insistirá con la adhesión de la Argentina al convenio UPOV 91, un tratado internacional que refuerza los derechos de propiedad intelectual sobre semillas y nuevas variedades vegetales. La iniciativa, promovida especialmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya había sido incluida en el paquete original de la Ley Bases en 2024, pero finalmente fue retirada.

El argumento oficial es que la actualización del marco legal permitiría mejorar los incentivos a la innovación en biotecnología y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías, lo que —según esa mirada— podría elevar los rindes agrícolas y potenciar la competitividad del agro argentino. Desde el Gobierno sostienen que se trata de una reforma estructural comparable, en impacto, con la siembra directa.

Sin embargo, la iniciativa volvió a encender alertas en sectores productivos. Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde el propio PRO, aliado clave del oficialismo en el Congreso. El exdiputado nacional y productor rural Pablo Torello, quien en 2018 impulsó una actualización integral de la ley de semillas que llegó a obtener dictamen de comisión, rechazó la estrategia oficial y advirtió que el camino elegido “no va a ser bueno para el país”.

Aunque la postura no puede generalizarse como la posición institucional amarilla, sus declaraciones adquieren relevancia por provenir de un espacio que ha acompañado al Gobierno en la mayoría de las votaciones sensibles. Para Torello, el problema no es modernizar la legislación —algo que considera urgente— sino hacerlo a través de la adhesión a un tratado que, según afirma, no resuelve los problemas de fondo.

En términos simples, el debate gira en torno a quién controla y cómo se pagan las regalías por el uso de semillas mejoradas. Mientras UPOV 91 refuerza los derechos de los obtentores y limita el uso propio por parte del productor, en la Argentina rige aún una ley de 1973, anterior al desarrollo masivo de la biotecnología (con adhesión al UPOV 78). El desfasaje normativo es reconocido por todos los actores; la controversia radica en el mecanismo para actualizarlo.

“El Gobierno está siendo objeto de un gran lobby”

En diálogo con NewsDigitales, Pablo Torello fue directo al cuestionar la motivación detrás del impulso a UPOV 91: “El Gobierno está siendo objeto de un lobby de las grandes semilleras”, aseguró.

Según planteó, el argumento oficial que vincula la falta de adhesión al tratado con menores rindes agrícolas no resiste la comparación regional. “Ni Brasil, ni Uruguay ni Paraguay están adheridos a UPOV 91. Entonces, cuando hacen esa comparación, que es falsa, uno entiende perfectamente bien que están siendo objeto de un lobby”, sostuvo.

Fede, ningún país del Mercosur adhirió a Upov 91. Y no están atrasados. Hay que hablar con los que saben y tiene buenas intenciones. Manden una ley de semillas al Congreso.
Ahí nos ponemos de acuerdo otra vez. Porque ya hubo acuerdo.

— Pablo Torello (@Pablo_Torello) February 7, 2026

Para el exlegislador del PRO, el problema productivo argentino tiene otro origen: “El problema de la falta de rendimientos no tiene que ver con UPOV 91 sino con los derechos de exportación. Lo que atrasa todo son los derechos de exportación”, señaló en referencia al impacto de las retenciones.

El antecedente de 2018 para actualizar la ley: “Ya hubo acuerdo”

Uno de los ejes centrales de su postura es que la Argentina ya estuvo cerca de actualizar su ley de semillas mediante consenso parlamentario, durante la gestión de Mauricio Macri.

“En 2018 hubo un dictamen de comisión que se trabajó durante un año y se logró acuerdo de absolutamente toda la cadena”, recordó Torello.

Según relató el productor y expresidente de la Sociedad Rural de Bragado, la iniciativa no prosperó por la oposición de algunos actores del propio sector semillero. “Los mismos semilleros, no todos pero sí los más importantes, terminaron boicoteando ese dictamen cuando ya habían acordado”, advirtió.

Y reclamó retomar ese camino institucional: “Manden una ley de semillas al Congreso. Ahí nos ponemos de acuerdo otra vez. Porque ya hubo acuerdo”.

Para el exdiputado, el verdadero problema es la ausencia de una nueva ley que brinde previsibilidad. “Es una vergüenza que hace 53 años no tengamos una modificación de la ley de semillas”, consideró.

En ese marco, mencionó oportunidades comerciales perdidas, como el caso de la India en legumbres: “Hace años tuvimos una charla con el embajador indio y nos dijo que ellos necesitan importar cinco millones de toneladas de legumbres todos los años. Pero nos dijeron: no queremos nada si ustedes no tienen una ley de semillas que proteja nuestras variedades y que nosotros les daríamos para que ustedes multipliquen y nos exporten” recordó. 

Desde su perspectiva, adherir a UPOV 91 sin una reforma integral no resolvería ese vacío: “No es bueno que no haya una ley de semillas. Si nosotros adherimos a UPOV 91 y no solucionamos nada de los cítricos, los forestales, el maní, los frutales o las legumbres”.

Uso propio y control privado

Uno de los puntos más sensibles es el impacto que UPOV 91 podría tener sobre el uso propio, es decir, la posibilidad de que el productor reserve parte de su cosecha para volver a sembrarla.

“Con UPOV 91 prácticamente desaparece el derecho al uso propio del productor”, advirtió Torello.

En esa dirección, sostuvo que el esquema trasladaría el control hacia las empresas obtentoras. “El control pasa a ser de los semilleros. Los semilleros te dicen si te venden o no te venden y te manejan absolutamente todo”, afirmó.

El exdiputado nacional Pablo Torello

Aun así, aclaró que el debate no implica desconocer la necesidad de pagar regalías. “No es que nadie quiera pagar. Yo pago. Acabo de pagarle a Don Mario una fortuna porque creo que tiene que haber una ley que proteja a los que producen, a los que invierten y a los que investigan. Pero hay que hacerlo de frente, discutiéndolo con una ley del Congreso”, planteó.

La comparación con Brasil: “No tiene nada que ver”

En su planteo, Sturzenegger puso como ejemplo el caso brasileño como modelo de mayor formalización en el pago de regalías por mejoras genéticas que aumentaron la producción de soja. Torello relativizó esa comparación.

“En Brasil pagan porque no pueden guardar semillas, no porque estén adheridos a UPOV 91”, remarcó.

PATENTES (11/13) En términos de criterios de patentabilidad, el tratado también exige que Argentina normalice su situación. Tanto en medicamentos como en semillas. En medicamentos la anomalía es la resolución 118/12, firmada en su momento por Débora Giorgi y Juan Manzur, que…

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 6, 2026

Explicó que las condiciones climáticas del vecino país hacen inviable conservar semilla de una campaña a otra, a diferencia de la Argentina. “Cuando dicen que en Brasil el 80% paga regalías, sí, compran semillas fiscalizadas, pero es porque tienen 40 grados de temperatura y humedad y no las pueden guardar. Acá es totalmente distinto. Tenemos frío desde mayo o junio hasta octubre. La semilla es viable; allá no”, diferenció.

“UPOV 91 no va a solucionar absolutamente nada”

Aunque el PRO ha sido uno de los principales respaldos legislativos del Gobierno, Torello anticipó que buscarán dar la discusión aun en minoría. “Nosotros desde el PRO vamos a dar el debate. Somos pocos, pero lo vamos a dar.”

También cuestionó que se avance sin una discusión amplia. “Tiene que ser discusión de frente, en el Congreso, no porque venga un convenio y levanten la mano sin saber porque lo lobbiaron al Gobierno y el Gobierno lo mandó”, sostuvo.

“Es un disparate que no se quiera dar un debate de ley de semillas en el que se reconozca la propiedad intelectual, el mejoramiento genético, a los pueblos originarios y a los agricultores familiares. Es una ley de orden público que controla el Estado, a través de organismos como el INASE, y no un privado”, insistió.

En ese sentido, recordó que la adhesión a UPOV 91 había sido incluida en la versión original de la Ley Bases y luego retirada, y deslizó que la nueva insistencia podría estar vinculada con la agenda internacional del Ejecutivo . “Se pudo sacar en la Ley Bases original. Pero ahora vuelven a la carga porque aparentemente es una imposición. Nosotros no tenemos confirmación, pero ¿por qué vuelven con esto cuando se está negociando un acuerdo con Estados Unidos?”, cuestionó.

A pocas semanas del inicio del período ordinario, la discusión promete sumar tensión en la agenda parlamentaria, no solo entre La Libertad Avanza y sus aliados, sino también dentro del propio universo agropecuario, donde conviven productores, grandes semilleras y otros actores de la cadena.