La investigación que involucra al expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, entró en una etapa menos visible pero mucho más decisiva. Tras el impacto inicial del caso, ahora el trabajo se concentra en reconstruir con precisión hechos que habrían ocurrido hace más de una década, cuando el entonces miembro activo de la familia real representaba al Reino Unido en el ámbito internacional.
El núcleo del expediente gira en torno a una posible figura del derecho británico conocida como conducta indebida en función pública. Se trata de un delito poco frecuente pero grave, que se aplica cuando una persona que ejerce responsabilidades oficiales abusa deliberadamente de esa posición de confianza.

Para que la fiscalía pueda avanzar, deberá probar que Andrés actuaba en carácter oficial al momento de los hechos, que utilizó esa posición de manera impropia y que su conducta fue lo suficientemente seria como para cruzar el umbral penal. No se trata simplemente de una decisión cuestionable, sino de un eventual uso indebido del rol institucional que le había sido conferido.
Durante los años en cuestión, el por entonces duque de York desempeñó funciones como representante especial para comercio internacional. Ese cargo lo llevaba a reunirse con empresarios, gobiernos y actores privados en nombre del Reino Unido. Aunque no se trataba de un ministerio electivo, sí implicaba respaldo estatal y acceso a información estratégica vinculada a intereses económicos y diplomáticos.
La investigación busca determinar si, en ese contexto, pudo haberse compartido información reservada o documentación interna con terceros no autorizados. De comprobarse, podría considerarse una vulneración de la confianza pública depositada en su función.

El impulso inicial del caso no surge de un hecho reciente, sino de documentación que se volvió pública en Estados Unidos dentro de procesos judiciales relacionados con Jeffrey Epstein. Correos electrónicos, registros de contactos y agendas desclasificadas reactivaron preguntas sobre determinadas reuniones y comunicaciones del pasado.
A partir de allí, la policía británica comenzó a examinar no solo esos archivos internacionales, sino también material interno correspondiente al período en que Andrés ejercía tareas comerciales oficiales. Se están revisando informes diplomáticos, intercambios electrónicos y antecedentes administrativos que permitan contextualizar cada contacto.
Además, investigadores han tomado declaraciones a antiguos colaboradores y agentes de seguridad que trabajaron cerca suyo en esa etapa. El objetivo es reconstruir el entorno completo: qué encuentros existieron, qué se discutió en ellos y si hubo circulación de información sensible.
Los registros realizados en residencias vinculadas a él apuntan también a la búsqueda de dispositivos electrónicos y documentación archivada que pudiera aportar evidencia adicional.
En el sistema británico, corresponde a la fiscalía evaluar si el material reunido alcanza el estándar probatorio necesario para formular cargos formales. Si eso sucediera, el caso ingresaría en fase judicial.
La figura de conducta indebida en función pública contempla penas que pueden incluir prisión y sanciones económicas, además de consecuencias institucionales de largo alcance. Sin embargo, en esta etapa no existe acusación formal, y el proceso continúa centrado en la recopilación y análisis de pruebas.
El desenlace dependerá de si los documentos, testimonios y registros logran demostrar que hubo un uso inapropiado de responsabilidades oficiales. Mientras tanto, la causa avanza en un terreno técnico y jurídico donde cada detalle, por pequeño que parezca, puede resultar determinante.