Reforma laboral y chivo expiatorio

La Argentina es una coordenada singular del tiempo. Un lugar del que uno se aleja una semana y, al volver, tiene la sensación de que pasó un año; pero si nos fuéramos diez años y regresáramos, descubriríamos que todo sigue más o menos igual. Javier Milei y La Libertad Avanza, sin embargo, están a un paso de la historia. Y no de cualquier historia, de una que en este país casi siempre terminó en la calle. Si el viernes 27 el Senado lo confirma, será el primer presidente en cincuenta años en reformar de manera integral la ley laboral. Pero antes hubo otros intentos. ¿Cuáles fueron? ¿Y por qué fracasaron? ¿Fue únicamente la resistencia de la CGT lo que los hizo caer? ¿O existían entonces contrapesos políticos e institucionales que hoy parecen debilitados? En definitiva: ¿quién traiciona a quién en esta Argentina del segundo cuarto del siglo XXI?

Alfonsin, Ubaldini y Juan Pablo II

El primer intento serio de reforma laboral en democracia ocurrió en 1984. Raúl Alfonsín, con la legitimidad intacta del regreso democrático, impulsó la llamada Ley Mucci para “democratizar” los sindicatos y limitar el poder de las conducciones históricas de la CGT. No era solo una discusión administrativa sobre elecciones gremiales, era un intento por redefinir la relación entre el Estado y la representación obrera después de la dictadura. De esta forma, el presidente radical subía al ring y elegía como objetivo político al sector que había sido el principal blanco de la represión clandestina de la última dictadura cívico-militar. Recordemos que según los datos del Nunca Más, la mayor parte de los desaparecidos fueron trabajadores, obreros y militantes sindicales. El sindicalismo no era un actor residual del pasado, era un sobreviviente central del trauma reciente.

Del otro lado estaba Saúl Ubaldini. El por entonces secretario general de la CGT no era un dirigente político más. Era uno de los pocos líderes con capacidad real de movilización nacional. Para entender su estatus alcanza una escena: años después, en 1987, en un acto multitudinario en el Mercado Central, los únicos dos oradores fueron Juan Pablo II y Ubaldini. No un presidente. No un gobernador. No un ministro. El Papa y el jefe de la CGT encabezaron el acto.

Ubaldini llegó con una columna de cuatro mil militantes. En el aire, entre banderas y vítores, se escuchaba el cántico que lo acompañó durante años: “¡Saúl, querido, el pueblo está contigo!”. Compartían el predio dirigentes como Antonio Cafiero y Carlos Alderete, mientras un cordón humano abría paso al pontífice. El mensaje del líder sindical apeló incluso al Padrenuestro: pidió que los salarios se rijan por la dignidad del hombre y no por la ley del mercado, que “venga a nosotros la justicia social”. Ese mismo año, en Brasil, un dirigente metalúrgico llamado Luiz Inácio Lula da Silva ingresaba al Congreso.

La escena sintetiza el lugar que ocupaba el movimiento obrero organizado en la arquitectura política de la Argentina democrática y también en el mundo. El por entonces Papa defendió en su encíclica Laborem Exercens (1981), la primacía del trabajo y la dignidad del trabajador sobre el capital, para promover sindicatos justos que buscaran la justicia social, la participación real y el bien común

Cuando la Ley Mucci llegó al Senado, la CGT respondió con una huelga general y el peronismo —todavía con mayoría en la Cámara alta— la rechazó. Fue la primera gran derrota legislativa de Alfonsín. La tensión se volvió personal. “El país no está para mantequitas y llorones”, lanzó el Presidente. Ubaldini respondió con una frase que condensaba su estilo “Llorar es un sentimiento, mentir es un pecado”. La reforma cayó. No por la omnipotencia gremial, sino porque el poder estaba distribuido. Había sindicatos fuertes, pero también un Senado opositor y un sistema político capaz de ejercer contrapeso.

Menem y el fin de la historia

La década siguiente mostró otra dinámica. El poder político ya no buscó disciplinar al sindicalismo desde afuera, buscó integrarlo al proyecto de reforma. Carlos Menem no impulsó una reforma integral en un solo movimiento, pero avanzó en modificaciones parciales que alteraron de hecho el mundo del trabajo: contratos temporales, pasantías, reducción de aportes patronales, convenios por empresa. La promesa era clara, flexibilizar para competir, modernizar para generar empleo.

La CGT no respondió como en 1984. Hubo resistencia, pero también negociación. Parte del sindicalismo se integró al nuevo esquema; otra parte lo enfrentó. El conflicto no fue frontal sino fragmentado. El equilibrio ya no pasaba por el Senado, sino por la capacidad del gobierno de administrar alianzas y contener tensiones, sobre todo después del trauma que habia generado la hiperinflación en los argentinos.

El desempleo trepó al 18 % en 1995. La desindustrialización avanzó. El trabajo formal perdió densidad. La reforma no produjo la expansión prometida sino una precarización creciente. Cuando el modelo económico comenzó a agotarse, el sistema político entero quedó expuesto. En ese período el sindicalismo dejó de ser el gran contrapeso institucional y pasó a ser un actor dentro de un esquema más amplio de poder presidencial. La reforma no cayó por una huelga general que la bloqueara: se diluyó en el desgaste del propio modelo.

La enseñanza de los 90 es distinta a la de 1984. Allí había choque de legitimidades. Aquí hubo integración, negociación y, finalmente, implosión en el contexto de “fin de la historia”.

De la Rúa y la “Ley Banelco”

En el año 2000 el gobierno progresista de la Alianza intentó completar el proceso de flexibilización con la Ley 25.250. El discurso era el mismo de la década anterior: reducir “costos laborales” para incentivar el empleo y atraer inversión. La economía estaba estancada y el desempleo seguía en niveles altos. La reforma se presentó como condición necesaria para evitar el colapso. Pero lo que terminó colapsando fue la credibilidad del gobierno.

La ley fue aprobada en el Senado en medio de denuncias de sobornos para garantizar los votos necesarios. El escándalo, conocido como la “Ley Banelco”, no solo fracturó la coalición gobernante sino que provocó la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. La reforma quedó marcada por el estigma de la corrupción antes incluso de desplegar sus efectos.

La CGT tuvo un rol activo en la resistencia, pero el problema excedía al sindicalismo. El gobierno carecía de fortaleza política, la economía no mostraba señales de recuperación y el sistema institucional comenzaba a perder legitimidad frente a la sociedad. La reforma laboral tocó el corazón del contrato social en un momento de extrema fragilidad. Un año después, la Argentina explotaba.

Finalmente a ley fue derogada en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner. La reforma no solo había fracasado en sus objetivos económicos si no que había perdido sustento político.

Macri y la “modernización” que no llegó al recinto

En 2017 el gobierno de Mauricio Macri volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una reforma laboral integral. El argumento era familiar: adaptar las reglas al siglo XXI, reducir litigiosidad, incentivar la formalización y mejorar la competitividad. El proyecto incluía modificaciones en indemnizaciones, creación de un fondo de cese laboral optativo, bancos de horas y un régimen de blanqueo para trabajadores no registrados. No era una reforma menor, era un rediseño profundo del sistema pero nunca llegó a tratarse.

El clima político cambió después de la reforma previsional de diciembre de 2017. La CGT olió el desgaste, leyó el momento y resistió. Las imágenes de represión frente al Congreso y la aceleración de la pérdida de capital político del oficialismo, profundizada luego por la crisis cambiaria de 2018, alteraron la correlación de fuerzas.

Pero, nuevamente, el freno no fue exclusivamente sindical. El gobierno había perdido capacidad de construir consenso amplio y la opinión pública comenzaba a girar en un clima que ya no era de expectativa sino de agobio. Sin consenso, tocar el régimen laboral se volvía demasiado costoso. A partir de ese momento, el gobierno de Cambiemos no volvería a recuperar la iniciativa política. En 2019, Alberto Fernández ganaría en primera vuelta y frustraría la reelección de Mauricio Macri. Para entonces, el mercado ya avanzaba por su cuenta; crecía el monotributo, la economía de plataformas y la tuberización del empleo.

En 1984 el límite fue el contrapeso institucional. En los 90, el desgaste estructural del modelo. En 2000, la legitimidad de un sistema político quebrado. En 2017, una nueva crisis cambiaria se llevó puesto a un gobierno. Cuatro momentos distintos, un mismo patrón. Cuando el poder político no logra articular mayoría social y parlamentaria sólida, cualquier reforma se vuelve inestable o inviable.

¿Dónde está la CGT? ¿Dónde está el pueblo?

Tal vez el presente sea una acumulación de derrotas y traiciones sucedidas en los últimos 43 años de democracia argentina. Sin dudas no es un escenario que haya ocurrido por sorpresa ni haya sido perpetrado de un solo movimiento o por un único autor. Ya todos sabemos que hay una parte de la reforma laboral que se hizo sin que nadie la votará. Siete de cada diez nuevos empleos que se crean en el país son informales. Crece la precarización, el cuentapropismo, la economía de plataformas. La globalización aceleró el desarraigo, redujo costos laborales y debilitó los mecanismos clásicos de solidaridad entre trabajadores bajo la promesa de que cada individuo puede —y debe— autogestionar su tiempo.

En ese contexto, la reforma parece llegar en el peor momento posible ¿Se puede modernizar el trabajo cuando el salario real cae y el empleo formal se achica? ¿Se puede prometer crecimiento del empleo cuanto el país está al borde de la recesión? ¿Es una reforma para generar empleo o para blanquear futuros despidos?

Hoy la política aparece desprestigiada, los partidos debilitados y el Congreso condicionado por un Ejecutivo que gobierna con fuerte centralidad presidencial. La población luce más fragmentada, más individualizada, menos receptiva a la convocatoria colectiva que en otras décadas. En ese escenario, la CGT es señalada como chivo expiatorio por parte de una dirigencia que no solo perdió la presidencia en 2023 sino que profundizó su derrota en las legislativas de 2025, configurando un Parlamento que le permite a La Libertad Avanza avanzar en su agenda. Mientras la oposición exhibe sus discursos y clips para redes, el oficialismo conserva los votos.

Por izquierda se dice que la CGT no movilizó a tiempo ni con suficiente intensidad. Por derecha se la acusa de antidemocrática y obstructiva. Pero hay un dato incómodo, una parte significativa de las bases trabajadoras votó este rumbo. Javier Milei no llegó al poder negociando con las estructuras tradicionales de la política. Llegó confrontándolas. No representa una coalición clásica sino una ruptura con el sistema de partidos que ordenó las últimas cuatro décadas de la Argentina.

Las reformas laborales no se caen solo por huelgas. Se caen cuando no logran inscribirse en un proyecto económico sostenible y en una mayoría política sólida. Culpar a la CGT puede ser rentable en el corto plazo, pero también es funcional a un objetivo más profundo; debilitar o destruir al último gran actor organizado que estructura un sistema de solidaridad social cotidiano —salud, previsión, vacaciones, negociación colectiva— heredado de las conquistas del siglo XX. El trabajo formal sigue siendo la referencia del trabajo informal. Las paritarias fijan pisos salariales que incluso el sector no registrado toma como medida.  

Como escribió Juan Rattenbach, los duelos llevan tiempo pero la Argentina de 2009 no tiene nada que ver con la de 2026. En 2009 la izquierda cortaba la Panamericana casi a diario. En 2011 Cristina Fernández ganó con el 54%. Hoy las correlaciones de fuerza son otras. Y no surgieron de la nada, son resultado de fracasos acumulados, errores propios y traiciones políticas.

La pregunta entonces no es si la CGT podrá salvar la situación a último momento con un gol de cabeza cuando el partido parece cuatro a cero abajo. La pregunta es más profunda: ¿Qué equilibrio de poder existe hoy en la Argentina? ¿Se está reformando el régimen laboral o se está reconfigurando el pacto social sin haber construido aún una base productiva que lo sostenga?

La historia argentina muestra que la reforma laboral siempre llega cuando el empleo ya está roto. Se la vende como cura, pero suele esparcir la enfermedad. Y si en el futuro esta ley fuera derogada, la pregunta no será solo qué hizo Milei. Será qué tiene para proponer el peronismo —el partido de los trabajadores— sobre el trabajo en la Argentina del siglo XXI.