Reforma laboral: el conflicto se extiende al poder judicial

La reforma laboral sumó un artículo que cambió el eje de la discusión: ya no se debate solo qué cambia para trabajadores y empresas, sino qué pasa con los tribunales que van a aplicar la ley. El texto incluye una cláusula que obliga a los jueces a ajustar sus fallos a la doctrina de la Corte Suprema en materia laboral. Y va más lejos: sugiere que apartarse de esos criterios puede ser interpretado como mal desempeño, con riesgo de sanciones o remoción.

El Gobierno lo presenta como una forma de ordenar el sistema y bajar la “industria del juicio”. En esa mirada, el fuero laboral tiene sentencias con cálculos de intereses e indemnizaciones que se vuelven imprevisibles y disparan costos, y la Corte ya viene corrigiendo esos excesos en fallos recientes. La idea oficial es simple: si hay una línea marcada por la Corte, que se cumpla, para que el resultado no dependa del azar de qué sala o qué juez toque.

La crítica apunta a otro lado. En el derecho argentino, los fallos de la Corte pesan muchísimo, pero no funcionan como una orden automática en cada caso: los jueces inferiores pueden apartarse si lo fundamentan. Convertir esa “influencia” en mandato, y además asociar el apartamiento a un castigo institucional, genera un incentivo claro: fallar con miedo. Y cuando el miedo entra al expediente, la independencia judicial se vuelve frágil.

El problema es que la reforma no se limita a decir “aplíquese la Corte”. Viene acompañada por otro movimiento institucional pesado: el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, acelerado por el fallo Levinas y por un convenio firmado entre Nación y CABA. El proyecto prevé que los casos nuevos pasen a juzgados laborales porteños y que una parte de la estructura nacional se apague por cierre de juzgados vacantes y reordenamientos. En tribunales ya se habla de judicialización, con jueces y gremios judiciales en alerta por la pérdida de funciones y por la afectación de la garantía de inamovilidad.

El detalle político también importa: la reforma laboral llega en un clima caliente, con sindicatos movilizados y con una discusión fuerte sobre derechos y costos del trabajo. Aunque el objetivo sea bajar litigiosidad, el método elegido abre otra pelea: quién interpreta la ley y con qué libertad.

La reforma todavía no está cerrada, pero este capítulo ya marca un cambio. El Gobierno no sólo quiere cambiar el mercado laboral. Quiere cambiar las reglas del juego en los tribunales.