Ley de Punto Final: la jugada de Raúl Alfonsín que desató una carrera frenética

El 22 de febrero de 1987 comenzó a regir la Ley de Punto Final, una de las iniciativas más controvertidas del gobierno de Raúl Alfonsín. La norma, sancionada por el Congreso a fines de 1986, estableció un límite temporal para iniciar acciones judiciales contra militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el Proceso de Reorganización Nacional.

El espíritu oficial de la ley fue “poner un punto final” a la apertura indefinida de causas, en un contexto de fuerte presión de las Fuerzas Armadas y de creciente inestabilidad institucional. La norma dispuso que, a partir de su promulgación, se abría un plazo de 60 días para presentar denuncias. Vencido ese término -el 22 de febrero de 1987- ya no podrían iniciarse nuevas acciones penales por hechos vinculados con la represión ilegal.

Lejos de clausurar el frente judicial, la ley generó el efecto contrario en lo inmediato: organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes impulsaron una presentación masiva de denuncias antes de que expirara el plazo. Los tribunales federales recibieron una catarata de acusaciones que derivó en múltiples citaciones a declarar y en el avance de expedientes que involucraban a oficiales de distintas jerarquías.

El aceleramiento de las causas profundizó el malestar dentro de sectores castrenses, que ya venían manifestando resistencia a los juicios iniciados tras el histórico proceso a las Juntas, de 1985. El clima de tensión fue en aumento durante las semanas posteriores al vencimiento del plazo y terminó por desembocar, dos meses más tarde, en el alzamiento carapintada de Semana Santa de 1987, uno de los momentos más críticos para la joven democracia.

La Ley de Punto Final sería luego complementada por la Ley de Obediencia Debida, pero años más tarde ambas normas serían declaradas inconstitucionales, reabriendo el camino para la prosecución de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, su entrada en vigor marcó un punto de inflexión en la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, y significó un alto en el camino, una parada técnica, para quienes desde hace medio siglo buscan Memoria, Verdad y Justicia.