En Diputados
22/02/2026 - Edición Nº1111
Política
22 de febrero de 2000
A 26 años del pacto De la Rúa-CGT para levantar el paro contra la flexibilización laboral
22/02/2026 | El entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, había acelerado las negociaciones con el sector más dialoguista del sindicalismo. El papel de Moyano.
Alberto Flamarique, ministro de Trabajo de Fernando de la Rúa.
A 26 años de uno de los episodios más significativos en la relación entre el Estado y el sindicalismo durante la transición política de fines de los años noventa, vuelve a cobrar relevancia el acuerdo que el gobierno de Fernando de la Rúa selló en 2000 con los denominados “gordos” de la Confederación General del Trabajo (CGT) para desactivar un paro general contra la reforma laboral.
Aquel entendimiento, que permitió levantar una medida de fuerza clave en un contexto de fragilidad política y económica, es recordado hoy en medio de un nuevo debate sobre cambios en la legislación del trabajo, impulsados por el presidente Javier Milei, cuya iniciativa avanza con fuerza en el Congreso.
Un acuerdo en medio de tensiones
En el año 2000, el gobierno de la Alianza enfrentaba una fuerte resistencia sindical frente a su proyecto de reforma laboral. La CGT había convocado a un paro y una movilización, mientras el oficialismo buscaba evitar un conflicto abierto que pusiera en riesgo su programa económico.
Tras una orden directa del Presidente, el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, aceleró las negociaciones con el sector más dialoguista del sindicalismo, conocido como los “gordos”, caracterizado por su predisposición al acuerdo.
Las conversaciones dejaron deliberadamente al margen al ala más combativa, encabezada por Hugo Moyano, que por entonces lideraba el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA).
El trabajo técnico estuvo a cargo de funcionarios del Ministerio y asesores sindicales, entre ellos el entonces abogado laboralista Carlos Tomada, quienes introdujeron modificaciones al proyecto oficial para acercar posiciones.
El acuerdo fue celebrado por el Ejecutivo, con el respaldo político del vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, y permitió anunciar el levantamiento del paro.
Carlos Tomada, de asesor técnico de la CGT a ser ministro de Néstor y Cristina Kirchner.
Moyano, en soledad y rumbo a la plaza
Mientras los principales referentes cegetistas negociaban con el Gobierno, Moyano mantenía reuniones paralelas, como la que sostuvo con el senador Antonio Cafiero, sin participar directamente de las conversaciones oficiales.
Al quedar excluido del acuerdo, el dirigente camionero desconoció la decisión de la conducción de la CGT y ratificó la movilización a Plaza de Mayo junto a las 62 Organizaciones, encabezadas por el metalúrgico Lorenzo Miguel.
Además, buscó articular acciones con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), liderada por Víctor De Gennaro, que también había convocado a protestas frente al Congreso.
La situación dejó a la CGT al borde de una fractura interna. Mientras el entonces secretario general, Rodolfo Daer, defendía el levantamiento del paro, el sector disidente avanzaba con su propia agenda de protesta.
Rodolfo Daer.
Los puntos clave de la reforma
Uno de los principales ejes de la negociación fue el mantenimiento de las llamadas “cláusulas obligacionales”, vinculadas a los aportes que reciben los sindicatos y que financian distintos fondos sociales.
El proyecto original preveía que esos aportes caducaran junto con los convenios vencidos, pero el acuerdo con la CGT permitió preservarlos, una concesión central para los gremios.
Sin embargo, el sector opositor denunció que la reforma mantenía artículos que favorecían la precarización laboral, entre ellos:
- La prioridad de los convenios de empresa por sobre los de actividad, aun cuando establecieran condiciones inferiores.
- La limitación del principio de ultraactividad, que garantizaba la vigencia indefinida de los convenios colectivos.
Según Moyano y sus aliados, estas disposiciones debilitaban el poder de negociación sindical y presionaban a la baja los salarios. Justamente son dos temas que incluyó el proyecto de La Libertad Avanza.
En paralelo a las negociaciones, el Gobierno fue acusado de utilizar herramientas presupuestarias como mecanismo de presión. Por ejemplo, el entonces ministro de Salud, Héctor Lombardo, liberó fondos adeudados a la obra social de Comercio, conducida por Armando Cavalieri.
A 26 años de aquel episodio, el debate sobre la reforma laboral vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política. El proyecto impulsado por Milei, que actualmente se discute en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, retoma viejas tensiones entre flexibilización, competitividad y derechos laborales.
