22/02/2026 - Edición Nº1111

Policiales

Lo contó un preso

Revelan que un narco pagó 40 mil dólares a un sicario para matar a dos fiscales y a un ministro

22/02/2026 | Leonardo Airaldi, detenido en Gualeguaychú, habría ofrecido esa suma a un sicario uruguayo para asesinar a los funcionarios que lo investigan.



La declaración de un recluso encendió la alarma y abrió una investigación que terminó con la desarticulación de un presunto plan narco para asesinar a dos funcionarios judiciales argentinos fuera del país.

 

La Justicia federal de Gualeguaychú investiga al narcotraficante Leonardo Airaldi como el supuesto autor intelectual de una maniobra destinada a matar al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal José Ignacio Candioti.

 

Según la investigación, Airaldi habría ofrecido 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante un supuesto viaje de los magistrados a Uruguay. Sin embargo, ese desplazamiento nunca existió y ninguno de los funcionarios tenía previsto salir del país.

 

El dato surgió a partir del testimonio de un interno vinculado al narcotráfico, quien reveló el plan ante las autoridades. A partir de esa declaración, el fiscal federal Pedro Rebollo impulsó medidas para verificar la información y solicitó una orden de allanamiento al juez federal Hernán Viri, que fue ejecutada en las últimas horas.

 

De acuerdo con el relato del testigo, el narcotraficante buscaba vengarse de los funcionarios judiciales que lo investigan. En ese contexto, habría manifestado su enojo contra el juez y el fiscal por las causas en su contra y el juicio que deberá enfrentar en los próximos días.

 

Airaldi se encuentra involucrado en expedientes que tramitan tanto en Entre Ríos como en Rosario, donde es investigado por delitos vinculados al narcotráfico.

 

Tras conocerse la amenaza, las autoridades judiciales y de seguridad adoptaron medidas preventivas. El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se comunicó con los funcionarios involucrados y mantiene contacto con las fuerzas federales para garantizar su protección.

 

En paralelo, el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos tomó intervención luego de que el Servicio Penitenciario provincial informara sobre la situación.