La decisión de Estados Unidos de revocar las visas a tres funcionarios del gobierno chileno reconfiguró el escenario diplomático en el Cono Sur. Washington argumentó que las autoridades habrían incurrido en acciones que comprometen infraestructura crítica de telecomunicaciones en el hemisferio occidental, en referencia al proyecto de cable submarino transpacífico entre Chile y China. La medida fue interpretada en Santiago como una imputación grave y políticamente sensible.
El gobierno chileno respondió con una nota formal de protesta, calificando las acusaciones de infundadas. Más allá del intercambio diplomático, el episodio dejó en evidencia la creciente presión que enfrentan los países latinoamericanos cuando sus decisiones estratégicas se vinculan con la competencia tecnológica entre potencias. La infraestructura digital dejó de ser un asunto meramente técnico para convertirse en un vector central de poder.
El proyecto de cable submarino Chile-China busca conectar directamente a Sudamérica con Asia, reduciendo la dependencia de rutas que pasan por Estados Unidos. Desde la perspectiva chilena, la iniciativa fortalecería su posición como hub digital regional y consolidaría vínculos con su principal socio comercial. Para Washington, en cambio, la participación de empresas chinas en redes estratégicas plantea riesgos de seguridad y potencial vulnerabilidad en materia de datos.
La embajada china en Santiago reaccionó con dureza ante la sanción estadounidense. En un comunicado público, acusó a Estados Unidos de actuar bajo una lógica hegemónica y de interferir en decisiones soberanas de Chile. Además, defendió el proyecto como una iniciativa legítima de cooperación económica y tecnológica que no perjudica a terceros países.
Declaración oficial de la Embajada de China. pic.twitter.com/Rovw0tiYdQ
— Embajada de China en Chile (@ChinaEmbajada) February 22, 2026
En su declaración, la representación diplomática china evocó la Doctrina Monroe como antecedente histórico de la política estadounidense en la región, sugiriendo que Washington busca mantener su influencia exclusiva en el hemisferio. También cuestionó la legitimidad de las acusaciones vinculadas a seguridad, recordando antecedentes de vigilancia internacional revelados en la última década. El lenguaje empleado refleja una disputa que trasciende lo bilateral y se inserta en la rivalidad estructural entre ambas potencias.

Chile, por su parte, enfrenta un dilema estratégico. Su economía depende fuertemente del comercio con China, mientras que mantiene vínculos históricos y de seguridad con Estados Unidos. La gestión de este equilibrio exigirá una diplomacia fina y una definición clara de sus prioridades nacionales. El episodio demuestra que la competencia por la infraestructura digital será uno de los ejes centrales de la geopolítica latinoamericana en los próximos años.