El Régimen Penal Juvenil está a un paso de convertirse en ley. Tras su aprobación en Diputados, el Senado se apresta a debatir y votar el proyecto el próximo jueves en una sesión que también incluirá la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
La iniciativa es promovida por la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y representa uno de los ejes centrales de la agenda legislativa del oficialismo.
El aspecto más visible y controversial de la reforma es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Desde el Gobierno sostienen que un adolescente de esa edad comprende la naturaleza del delito y debe asumir las consecuencias de sus actos.
En línea con la consigna del presidente Javier Milei ,“el que las hace las paga”—, el oficialismo defiende un esquema que eleva los costos penales para desalentar la reincidencia.
Sin embargo, el proyecto no se limita a la baja de edad: establece un régimen integral que reemplaza la normativa vigente, heredada de la última dictadura.
La nueva ley propone un abanico de sanciones alternativas a la prisión para delitos con penas menores a tres años. Para aquellos que contemplen entre tres y diez años —siempre que no hayan causado muerte o lesiones graves— se priorizan medidas socioeducativas por sobre el encierro.
Además: Se prohíbe mezclar a menores con adultos en lugares de detención. Se elimina la posibilidad de prisión perpetua. Se fija un máximo de 15 años de cárcel para menores.
El dictamen también incorpora una partida presupuestaria específica: más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia, una exigencia de los bloques dialoguistas para evitar que la norma quede sin aplicación efectiva.
Argentina es, junto a Cuba, uno de los pocos países de la región que aún no cuenta con un régimen penal juvenil integral. El oficialismo argumenta que la reforma salda esa deuda normativa y equilibra sanción con reinserción.
Desde la oposición más crítica, en cambio, sostienen que no existe evidencia empírica que demuestre que endurecer penas o bajar la edad de imputabilidad reduzca el delito. Señalan ejemplos regionales donde la criminalidad no disminuyó tras reformas similares.
También remarcan que Argentina mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de América Latina y que el problema del delito juvenil responde a causas estructurales vinculadas a la exclusión social, la falta de oportunidades y la marginalidad.
La sesión del jueves promete un debate intenso, atravesado por posiciones ideológicas antagónicas: una visión centrada en la responsabilidad individual y el castigo como disuasión, frente a otra que prioriza políticas sociales preventivas.
Con los números ajustados y el clima político polarizado, el Régimen Penal Juvenil se encamina a una votación que marcará un punto de inflexión en la política criminal argentina.
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