La imagen que proyectaba era la de un joven empresario exitoso, con autos de lujo, viajes al exterior y un crecimiento económico acelerado. Pero detrás de esa fachada, la Justicia sospecha que funcionaba un esquema de contrabando y lavado de dinero que ahora lo llevará a juicio oral.
El fiscal Patricio Sabadini solicitó que Braian José Obregón, de 30 años, y su pareja, Agostina Antonella Vargas Vispo, de 28, sean juzgados como coautores de encubrimiento de contrabando y lavado de activos agravado. La acusación sostiene que comercializaban mercadería ingresada ilegalmente desde Paraguay y luego incorporaban las ganancias al circuito formal mediante distintas maniobras.
La investigación detectó operaciones vinculadas a bienes valuados en más de 209 millones de pesos. De vender celulares a construir un patrimonio millonario
Según la reconstrucción fiscal, el origen del esquema habría sido la venta de teléfonos celulares que Obregón traía desde Paraguay en pequeñas cantidades y ofrecía a través de redes sociales.
Con el tiempo, el negocio creció. El hombre abrió un local en Resistencia donde comercializaba celulares, notebooks y accesorios sin oblea de importación, lo que evidenciaba que habían ingresado al país sin aval aduanero.

Los productos, además, se vendían por debajo del valor de mercado y podían pagarse mediante distintos mecanismos, incluyendo efectivo, transferencias bancarias, tarjetas, PayPal y criptomonedas.
Para la fiscalía, ese fue el punto de partida de un circuito que permitió generar ganancias millonarias.
Mientras el negocio avanzaba, el patrimonio de la pareja crecía a un ritmo que, según los investigadores, no tenía justificación en ingresos legales.
Entre los bienes detectados figuran tres inmuebles —dos de ellos en obra o remodelación—, una camioneta RAM 1500, motocicletas, un BMW cupé, una lancha y varios vehículos de alta gama que luego fueron vendidos.
También se constató que realizaban viajes frecuentes a destinos internacionales como República Dominicana, Brasil y Colombia, además de recorridos por distintos puntos del país.El estilo de vida que exhibían en redes sociales fue, de hecho, uno de los disparadores iniciales de la investigación.
Uno de los puntos centrales de la acusación es el uso de criptomonedas para canalizar el dinero. La pesquisa determinó que realizaban conversiones a activos digitales y transferencias mediante plataformas específicas, para luego reintegrar esos fondos al sistema económico formal.
Además, los investigadores detectaron la utilización de facturas presuntamente apócrifas, que habrían servido para justificar operaciones comerciales inexistentes y otorgar apariencia legal a los ingresos.
Para el fiscal, estas maniobras permitieron introducir en el mercado dinero de origen ilícito y sostener un crecimiento patrimonial que no podía explicarse con actividades declaradas.
Durante los allanamientos, la Justicia secuestró dinero en efectivo, equipos electrónicos, documentación, teléfonos celulares y comprobantes de compras en Paraguay.
La jueza del caso procesó a Obregón con prisión preventiva y a Vargas Vispo por los delitos investigados. Ahora, con el requerimiento de elevación a juicio, la causa entra en su etapa decisiva.
La Justicia deberá determinar si detrás de la imagen de éxito y ostentación funcionaba, en realidad, un esquema ilegal que transformó la venta de celulares en una fortuna millonaria bajo sospecha.