El presidente interino de Perú, José María Balcázar, movió hoy su primera pieza económica de alto impacto al designar como primer ministro al economista Hernando de Soto. El nombramiento intenta enviar una señal de continuidad macro y gestión técnica en medio de una crisis política que no se ha cerrado con el cambio de mando. La decisión llega tras días de volatilidad institucional y con el calendario electoral como horizonte inmediato. En Lima, la noticia fue leída como un intento de ganar tiempo y confianza.
La apuesta ocurre en un país donde la presidencia se volvió un mecanismo de recambio acelerado, con escaso margen para construir autoridad. Balcázar asumió para conducir la transición hasta los comicios generales de abril, pero su gobernabilidad depende de un Congreso fragmentado y de un clima social fatigado por escándalos y destituciones sucesivas. En ese marco, el Gabinete se convierte en la principal herramienta para estabilizar expectativas. El Gobierno busca proyectar orden, aun cuando el sistema político empuje hacia la improvisación.
Según la información difundida hoy, De Soto jurará el cargo junto al resto de ministros y luego el Congreso evaluará si ratifica el Gabinete. El mensaje central del Ejecutivo es que habrá elecciones transparentes, lucha contra el delito y estabilidad económica, con contactos tempranos con el banco central y la representación de Estados Unidos. La lectura de mercado es clara: se intenta blindar la política económica frente al caos institucional. Pero la ratificación legislativa puede transformar el gesto en una pulseada.
El movimiento también revela una tensión de fondo: Balcázar proviene de una bancada de izquierda, pero recurre a un perfil asociado a credenciales promercado para contener a actores económicos y externos. En la práctica, el interinato necesita reducir el costo político de la incertidumbre, evitar sobresaltos en expectativas y sostener una transición creíble. El problema es que la señal tecnocrática no corrige por sí sola la fragilidad del sistema de representación. La estabilidad depende tanto de nombres como de reglas de juego.
Hernando de Soto y el nuevo gabinete ministerial pic.twitter.com/8Biy1dljIA
— Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) February 23, 2026
La urgencia está marcada por el reloj: elecciones generales previstas para abril y una probable segunda vuelta en junio, con el traspaso final hacia fines de julio. En ese corredor, cualquier choque Ejecutivo–Legislativo puede traducirse en parálisis regulatoria, retraso de decisiones y erosión de confianza. Para una economía intensiva en minería e inversión de largo plazo, la previsibilidad política es un insumo tan relevante como los precios internacionales. El Gobierno interino apuesta a que el “factor gabinete” amortigüe el ruido.
Potenciar a las empresas tanto informales como formales para salir de la crisis económica. pic.twitter.com/0IdN5LPdCR
— Hernando de Soto (@HDeSotoPeru) April 8, 2021
Hoy, sin embargo, el trasfondo sigue siendo la repetición de crisis y la sensación de que el país se administra con lógica de supervivencia parlamentaria. La designación de De Soto apunta a construir un puente con sectores escépticos, pero el terreno es inestable: el Congreso puede condicionar, y la calle puede presionar si percibe continuidad de privilegios o impunidad. La transición peruana se juega en una línea fina entre orden macro y desorden político. Si el gabinete no logra respaldo, el costo será mayor que el simbolismo del anuncio.