Universidades al Congreso: la movida para frenar la ley de financiamiento de Milei

Rectores, gremios y estudiantes se presentan este martes en la Cámara de Diputados para frenar el avance de la nueva ley de financiamiento universitario. La iniciativa del oficialismo busca derogar la ley aprobada el año pasado, la cual se encuentra bajo disputa judicial. La movida en el Congreso de la Nación intenta asegurar el cumplimiento del marco normativo previo.

El sector educativo busca evitar que la nueva composición parlamentaria valide un esquema de aumentos fijos. Según informes técnicos, el proyecto oficial retrotraería los fondos universitarios a niveles de hace dos décadas. La reunión en la comisión de Educación pretende marcar un rechazo total antes de los tiempos parlamentarios.

El objetivo de la comitiva es bloquear un esquema que propone aumentos salariales de solo el 12,3% anual. Según el sector, la ley vigente exige una recomposición del 50% para recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2023.

¿Qué propone el nuevo proyecto enviado por el Gobierno?

El texto impulsado por la gestión de Javier Milei establece una cláusula de actualización condicionada para gastos de funcionamiento. Las partidas solo subirán si la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) supera el 14,3% anual. Para los hospitales universitarios, se asigna una partida específica de 80.000 millones de pesos.

Sin embargo, para los sueldos docentes y no docentes, el plan prevé tres incrementos del 4,1% no acumulativos. Estos se pagarían en marzo, julio y septiembre de 2026. Según denunció la federación docente FEDUBA, la oferta no reconoce la deuda salarial acumulada durante los años 2024 y 2025. El proyecto también elimina la fórmula de actualización automática de las Becas Progresar.

¿Por qué la discusión se traslada ahora al Poder Legislativo?

Tras el veto presidencial y la ratificación de la ley anterior, el conflicto llegó al Poder Judicial. Existe una medida cautelar que ordena cumplir la norma vigente, pero el Gobierno apeló para dilatar los pagos. Ante este escenario, el oficialismo busca sancionar una nueva ley que anule las garantías blindadas por el Congreso.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ratificó que cualquier solución debe partir del cumplimiento efectivo de la ley actual. Los rectores advierten que el oficialismo intenta quebrar el frente universitario nacional mediante una oferta presupuestaria mínima. La estrategia gremial es cerrar el frente judicial y evitar sanciones por el manejo de partidas específicas.

¿Cuál es el impacto económico real en las universidades?

Un informe del CIEN detalló que el presupuesto destinado a la educación superior cayó un 28,9% real desde 2023. Dado que el 88% de los recursos financia salarios, el ajuste recae principalmente sobre los trabajadores universitarios. A noviembre de 2025, el salario docente exhibe una caída del 31% en términos de poder de compra.

"Este proyecto enviado por el Gobierno es producto de que está acorralado por la Justicia", señaló Federico Montero, integrante del sector. De aprobarse la nueva norma, el sistema universitario dejaría de percibir aproximadamente 2,5 billones de pesos respecto a la ley previa. El Ministerio de Capital Humano sería el encargado de definir los aumentos por resolución si no hay garantía automática.

TM