La posibilidad de excluir a Andrew Mountbatten-Windsor de la línea de sucesión volvió a instalar una discusión que trasciende el escándalo personal y se mete de lleno en el terreno institucional. El primer ministro australiano Anthony Albanese habría enviado una carta a su par británico Keir Starmer manifestando el respaldo de su gobierno a una eventual reforma legal que formalice su exclusión.
La cuestión no es menor. Australia no es un observador externo: comparte jefe de Estado con el Reino Unido. El soberano británico, hoy Carlos III, es también rey de Australia y de otros reinos de la Mancomunidad. Por eso, cualquier modificación en las reglas de sucesión no puede limitarse al Parlamento británico.

Desde el Estatuto de Westminster y, más recientemente, tras la reforma de sucesión de 2013 que eliminó la preferencia masculina, quedó establecido que los cambios en las reglas sucesorias deben contar con la aprobación coordinada de los parlamentos de los reinos que comparten al monarca. Esto implica que excluir a Andrés no sería un gesto simbólico ni una decisión familiar. Requeriría:
• Legislación en el Reino Unido
• Aprobación parlamentaria en países como Australia, Canadá y Nueva Zelanda
• Acuerdo político amplio para evitar fracturas institucionales
El rey no puede remover unilateralmente a un miembro de la línea de sucesión.
Andrés fue apartado de la vida pública tras su vínculo con Jeffrey Epstein y el acuerdo extrajudicial alcanzado en 2022 con Virginia Giuffre en Estados Unidos. Perdió funciones oficiales, patronazgos y tratamiento operativo de “Su Alteza Real”, pero nunca fue formalmente excluido del orden sucesorio.
En términos prácticos su posición es lejana y no tiene posibilidades reales de acceder al trono. Sin embargo, el debate gira en torno a la coherencia institucional de la monarquía en una era de mayor escrutinio público.
La intervención de Albanese también tiene lectura interna. En Australia existe un debate activo sobre una eventual transición republicana. Apoyar una reforma sucesoria puede interpretarse como una forma de marcar distancia política respecto de controversias de la familia real, al tiempo que reafirma la soberanía legislativa australiana en asuntos constitucionales.

Para el gobierno de Starmer, el dilema es complejo. Abrir la ley de sucesión puede sentar precedentes delicados. No hacerlo podría ser leído como falta de acción ante una figura controvertida.
El caso expone una tensión estructural: la monarquía funciona como institución nacional británica, pero jurídicamente es compartida por múltiples Estados soberanos. Cada movimiento en la sucesión tiene impacto transnacional. El debate ya no es solo sobre Andrés Mountbatten Windsor. Es sobre cómo se adapta una monarquía hereditaria a estándares contemporáneos de legitimidad, responsabilidad y coordinación entre Estados que comparten una misma Corona.