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24/02/2026 - Edición Nº1113
Política
Legislatura
Banco de Córdoba bajo la lupa: la oposición apura a Llaryora por el cierre de sucursales
24/02/2026 | La iniciativa señala que algunos municipios habrían sido presionados para asumir los costos de mantenimiento de los cajeros.
La oposición pidió información urgente al gobierno de Martín Llaryora.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba comenzó a analizar en las últimas semanas dos proyectos de resolución que buscan obtener información detallada sobre el cierre de sucursales, extensiones de mostrador y el retiro de cajeros automáticos en distintas localidades del interior provincial.
Las iniciativas apuntan a conocer el alcance de las decisiones adoptadas por el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y su impacto en comunidades que, en muchos casos, dependen exclusivamente de estos servicios para acceder al dinero en efectivo.
Un pedido de informes impulsado por Gvozdenovich
El primer proyecto fue presentado por el legislador radical Matías Gvozdenovich y solicita al Poder Ejecutivo provincial que, a través del banco oficial, brinde un informe completo en un plazo de diez días.
La propuesta requiere precisiones sobre:
- Las sucursales que podrían cerrarse durante 2026 y 2027.
- La cantidad de extensiones de mostrador y cajeros que serían retirados.
- Las localidades que quedarían sin servicios bancarios presenciales.
- El número de usuarios afectados.
- Las regiones más perjudicadas.
- Las alternativas ofrecidas a los clientes.
- Los plazos de comunicación de las medidas.
- Los costos de mantenimiento de cada cajero.
- La eventual participación de municipios en el financiamiento.
En los fundamentos, el legislador advierte que el banco estaría reduciendo su presencia territorial para mejorar su rentabilidad, una postura que fue mencionada públicamente por el presidente del directorio, Raúl Paolasso.
Según se indica en el proyecto, existiría la intención de cerrar o fusionar sucursales y reducir de manera significativa el número de cajeros automáticos, actualmente cercano a los 900 en toda la provincia.
Matías Gvozdenovich, diputado de la UCR
Preocupación por el impacto social
Uno de los ejes centrales del primer pedido de informes es el impacto social de estas medidas. En particular, se menciona a jubilados y pensionados como los sectores más afectados, debido a las dificultades de traslado y a la necesidad de contar con efectivo en fechas de cobro.
También se señala que en algunos casos los municipios habrían sido presionados para asumir los costos de mantenimiento de los cajeros, aun cuando muchos funcionan en edificios cedidos por las propias comunas.
Desde esta perspectiva, el proyecto sostiene que la reducción de la red bancaria pone en riesgo uno de los principales atributos históricos de la entidad: su cercanía con las comunidades del interior.
Un segundo proyecto con amplio respaldo
El segundo proyecto opositor solicita al Poder Ejecutivo que informe, en un plazo de siete días, los motivos específicos que llevaron al cierre de extensiones de mostrador y al retiro de cajeros en localidades donde no existen sucursales.
Entre los puntos requeridos se incluyen:
- Las razones de la decisión.
- Si el Gobierno provincial estaba al tanto de la medida.
- La intervención del Ejecutivo para evitar los retiros.
- La posibilidad de que la Provincia asuma los costos si se concreta el cierre.
El proyecto también pide que se evite trasladar la carga financiera a los municipios.
El anuncio de cambios a partir de marzo de 2026
En los fundamentos de la segunda iniciativa se señala que las modificaciones comenzarían a regir a partir del 1° de marzo de 2026.
Según los autores, esta situación obligaría a muchos vecinos a viajar varios kilómetros para cobrar sus haberes, lo que implicaría un gasto adicional difícil de afrontar en el contexto económico actual.
Además, se menciona que el banco habría propuesto a intendentes hacerse cargo del mantenimiento de los cajeros, con costos superiores a los 1.700 dólares mensuales, una cifra considerada elevada para muchas administraciones locales.
El rol de los municipios y la infraestructura
Ambos proyectos coinciden en destacar que, en numerosas localidades, los edificios donde funcionan los cajeros son propiedad municipal o cuentan con apoyo logístico de las comunas.
En ese sentido, los legisladores cuestionan que, pese a estas facilidades, el banco avance con el retiro de servicios sin acuerdos previos con autoridades locales ni con los usuarios.
Para los autores, esta situación genera un desequilibrio entre el rol social que debería cumplir una entidad estatal y los criterios de rentabilidad económica.
