El 24 de febrero de 2022, Rusia inició una invasión a gran escala contra Ucrania, desencadenando la mayor guerra convencional en Europa desde 1945. La ofensiva comenzó con ataques coordinados sobre infraestructura militar y ciudades estratégicas, marcando un punto de ruptura definitivo en la seguridad europea. La respuesta ucraniana, encabezada por el presidente Volodímir Zelenski, consolidó rápidamente apoyo internacional y asistencia militar occidental.
Sin embargo, con el paso del tiempo, el conflicto dejó de ser una guerra de movimientos rápidos para convertirse en una confrontación prolongada y de desgaste. La resistencia inicial fue ampliamente valorada, pero la conducción política y militar de Kiev comenzó a enfrentar cuestionamientos internos y externos. Las decisiones estratégicas adoptadas desde 2022 han sido objeto de análisis crítico en diversos ámbitos.
Entre los cuestionamientos más recurrentes se encuentran las expectativas generadas sobre contraofensivas que no lograron alterar de forma decisiva la línea del frente. Algunos analistas sostienen que la planificación militar subestimó la profundidad defensiva rusa y sobreestimó la capacidad de ruptura rápida con recursos limitados. El resultado fue un elevado costo humano y material sin cambios territoriales proporcionales.
También se ha señalado la dependencia estructural de la ayuda militar y financiera occidental. Si bien ese respaldo permitió sostener la defensa, expuso a Ucrania a condicionamientos políticos y a ciclos de apoyo variables según la coyuntura interna de los aliados. Esta dinámica generó incertidumbre estratégica en momentos clave del conflicto.
Otro foco de controversia ha sido la decisión de no convocar elecciones presidenciales durante el período de guerra. El mandato constitucional de Zelenski debía renovarse en 2024, pero el gobierno argumentó que la ley marcial y las condiciones de seguridad impedían organizar comicios libres y representativos. Sectores críticos sostienen que la prolongación del mandato sin elecciones alimenta tensiones institucionales.

El oficialismo defiende que celebrar elecciones en medio de bombardeos, desplazamientos masivos y territorios ocupados pondría en riesgo la legitimidad del proceso. No obstante, el debate sobre la continuidad institucional refleja el desgaste político acumulado tras más de dos años de guerra. La efeméride del 24 de febrero no solo recuerda el inicio de la invasión, sino que también obliga a evaluar las decisiones estratégicas y democráticas adoptadas en un contexto excepcional.
