Paro de choferes para personas con discapacidad: el freno de Milei que detonó todo

El Sindicato de Choferes Particulares confirmó un paro nacional de transporte para personas con discapacidad este miércoles. La medida de fuerza responde a una deuda acumulada por parte del Estado nacional que afecta a los prestadores desde octubre de 2025. Según el gremio, la falta de pago de las facturas por los traslados realizados vuelve "imposible" sostener la actividad operativa.

La organización sindical, adherida a la CGT, calificó la coyuntura actual como alarmante e inédita para el sector. En un comunicado oficial, indicaron que la interrupción del servicio será total y se extenderá a todas las delegaciones del país. El conflicto se centra en la falta de financiamiento para el sistema de prestaciones básicas que garantiza movilidad a miles de usuarios.

El gremio reclama que el gobierno de Javier Milei no implementa los capítulos económicos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793). Esta norma, aprobada por el Congreso de la Nación Argentina tras un veto presidencial, permanece con sus artículos de financiamiento y actualización de aranceles suspendidos por decisión del Ejecutivo.

¿Por qué se frenaron los pagos al transporte especial?

El sistema de transporte depende principalmente de las transferencias del programa Incluir Salud, bajo la órbita del Ministerio de Salud. Los prestadores denuncian que no perciben sus honorarios por los servicios prestados desde hace 120 días. "Es imposible sostener el servicio en estas condiciones; ni siquiera en pandemia se vivió esta terrible circunstancia", expresó la entidad gremial en su documento oficial.

A este atraso se suma el impacto de la inflación en los costos de mantenimiento de los vehículos. El valor del kilómetro transportado se mantiene en 614 pesos, mientras que el litro de combustible supera los 800 pesos. Para el Sindicato de Choferes Particulares, los gastos de seguro y mecánica superan ampliamente los ingresos proyectados por el nomenclador nacional vigente.

¿Cuál es el conflicto político con la nueva ley?

Aunque el presidente de la Nación promulgó la ley tras la insistencia del Poder Legislativo, su aplicación es parcial. El Decreto 84/2026 reglamentó solo 8 de los 18 artículos previstos en la norma original. Los capítulos vinculados al financiamiento sostenible y la compensación arancelaria quedaron fuera de la implementación operativa del Gobierno nacional.

La gestión actual justifica la suspensión de estos artículos en la falta de partidas presupuestarias específicas asignadas por el parlamento. Por su parte, el Foro Permanente para la Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad advierte que la reglamentación "no es completa ni integral". El sector judicial ya intimó al Ejecutivo a cumplir con la ley, pero el área de Secretaría Nacional de Discapacidad mantiene los fondos congelados.

¿Qué impacto tendrá la medida en los beneficiarios?

La interrupción del transporte impide que miles de personas con discapacidad accedan a terapias, escuelas y centros de día. En la provincia de Buenos Aires, delegaciones masivas de choferes ya confirmaron su adhesión orgánica al cese de actividades. El gremio advirtió que sin movilidad se vulnera el derecho a la salud y a la educación de los sectores más vulnerables.

Muchas familias ya comenzaron a recibir notificaciones sobre la suspensión de los traslados por parte de sus transportistas habituales. Al no haber un cronograma de pagos oficial, el inicio del paro nacional se presenta como irreversible. La situación genera incertidumbre en las instituciones que dependen de estos vehículos para sostener su matrícula y funcionamiento diario.

TM