Cámara de Diputados
11/04/2026 - Edición Nº1159
Política
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Ley de Glaciares, minería y agua: el proyecto K que choca con Milei y los gobernadores
25/02/2026 | La iniciativa fue presentada por el diputado Eduardo Valdés y endurece la protección sobre los glaciares.
La Ley de Glaciares vigente rige desde el año 2010.
En medio del avance del proyecto oficial para modificar la Ley de Glaciares, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó una iniciativa alternativa que busca reforzar y ampliar la normativa vigente desde 2010.
La propuesta surge como respuesta directa al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, a pedido de varios gobernadores, que esta semana podría obtener media sanción en el Senado. Según Valdés, su iniciativa apunta a evitar un retroceso en la protección ambiental y a consolidar a los glaciares como reservas estratégicas de agua.
Qué plantea el proyecto de Eduardo Valdés
El proyecto presentado por Valdés establece como objetivo central “fortalecer, ampliar y garantizar la plena vigencia” de los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial en todo el país.
En su articulado, declara de interés público nacional la protección de estas áreas y define al agua proveniente de los glaciares como un recurso “estratégico e imprescindible”, cuya gestión debe priorizar el bienestar general por sobre intereses económicos particulares.
Además, incorpora definiciones precisas sobre glaciares descubiertos, cubiertos, de escombros y sobre el ambiente periglacial, con el objetivo de evitar interpretaciones restrictivas que limiten su alcance.
Prohibiciones más estrictas y sin excepciones
Uno de los puntos centrales del proyecto es el refuerzo de las actividades prohibidas en zonas glaciares y periglaciares. La iniciativa establece de manera expresa la prohibición absoluta de:
- La minería, tanto a cielo abierto como subterránea.
- La explotación hidrocarburífera, convencional y no convencional.
- Obras de infraestructura que alteren el equilibrio hídrico o geomorfológico.
A diferencia de otras propuestas, el texto aclara que estas prohibiciones “no admitirán excepciones ni regímenes especiales”.
De este modo, Valdés busca cerrar cualquier margen legal para habilitar proyectos extractivos en estas zonas.
Eduardo Valdés, autor del proyecto
El rol clave del Inventario Nacional de Glaciares
El proyecto reafirma el carácter central del Inventario Nacional de Glaciares (ING) como herramienta científica y pública para identificar las masas de hielo en el país.
La iniciativa ratifica que su elaboración y actualización debe estar a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), dependiente del CONICET, y establece que la información debe renovarse obligatoriamente cada cinco años.
En los fundamentos, Valdés cita al propio instituto, que destacó que el inventario “sigue criterios y metodologías científicas reconocidas internacionalmente” y cumple un rol clave para garantizar la protección de las reservas hídricas.
Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz)
Evaluación ambiental y participación ciudadana
Otro aspecto destacado es la exigencia de una Evaluación Ambiental Estratégica previa, pública y vinculante para todas las actividades permitidas en zonas protegidas.
Solo quedan exceptuadas tareas científicas, deportivas no motorizadas y acciones de rescate.
Además, el proyecto garantiza la participación de comunidades locales, pueblos originarios, organizaciones ambientales y científicas en los procesos de evaluación, monitoreo y control.
Según el texto, se busca asegurar una “participación ciudadana efectiva” en las decisiones que afecten estos territorios sensibles.
Sanciones más severas y control estatal
La iniciativa también endurece el régimen sancionatorio. Prevé multas de hasta 100.000 salarios básicos, suspensión de actividades y hasta el cese definitivo de los proyectos que incumplan la norma.
En caso de reincidencia, las sanciones pueden triplicarse, y los directivos de empresas serán responsables solidarios.
Asimismo, se asigna a la autoridad ambiental nacional la responsabilidad de coordinar, fiscalizar y supervisar el cumplimiento de la ley en todo el territorio.
El proyecto del Gobierno: una mirada diferente
En sus fundamentos, Valdés cuestiona directamente la propuesta impulsada por el Ejecutivo, que busca modificar la Ley 26.639 bajo el argumento de introducir “correcciones técnicas”.
Según el diputado, el proyecto oficial traslada a las provincias la definición de qué zonas deben protegerse, debilitando el carácter nacional de los presupuestos mínimos ambientales.
Organizaciones como Greenpeace, FARN, Aves Argentinas y Jóvenes por el Clima advirtieron que esta reforma representa “un retroceso significativo en la protección de los glaciares”.
Para Valdés, este enfoque habilita criterios desiguales en cuencas hídricas que no reconocen fronteras políticas y pone en riesgo el abastecimiento de agua en un contexto de crisis climática.
