Prohibición de despidos por 24 meses en Argentina: el polémico proyecto en Diputados

El bloque del Frente de Izquierda presentó en el Congreso un proyecto de ley para prohibir los despidos y las suspensiones por un plazo de 24 meses en todo el país, tanto en el sector público como en el privado.

La iniciativa lleva las firmas de Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola, y busca frenar lo que describen como una “ola de despidos y suspensiones” en el actual contexto económico.

La norma alcanzaría a:

• Trabajadores registrados.
• Empleados no registrados o con contratos irregulares.
• Becarios y contratados.
• Monotributistas que trabajen en relación de dependencia.

Además, dispone que todos los contratos laborales, sin importar su modalidad, se prorroguen automáticamente durante el período de vigencia de la ley.

En los casos en que un empleador invoque una “justa causa”, deberá recurrir a los mecanismos legales de exclusión de tutela y garantía sindical.

Nulidad de despidos y reincorporación inmediata

Otro punto clave del proyecto es que declara nulos los despidos y suspensiones que violen la prohibición.

Según el texto, cualquier cesantía realizada en ese período será considerada inválida, y el empleador deberá reincorporar de inmediato al trabajador en su puesto original, con efecto retroactivo.

Si la empresa no cumple, la cartera de Trabajo podrá ordenar la reincorporación automática, a partir de una simple denuncia del trabajador o del sindicato.

Además, se prevé que durante esos dos años todos los empleados gocen de garantías similares a las de los delegados sindicales.

Protección especial para trabajadores no registrados

El proyecto incluye un capítulo específico para quienes trabajan en la informalidad.

En estos casos, el empleado podrá notificar su situación al Ministerio de Trabajo y a la empresa mediante carta documento. Si en dos semanas no hay inspección, será considerado automáticamente trabajador en relación de dependencia, con obligación del empleador de regularizarlo y pagar cargas sociales.

Con este mecanismo, el Frente de Izquierda busca ampliar la cobertura de la ley a los sectores más precarizados.

Sanciones y mecanismos de control

La polémica iniciativa establece sanciones económicas severas para las empresas que incumplan la norma.

Entre ellas, se prevé:

• Multas equivalentes a un mes de salario por cada día de demora en la reincorporación.
• Intervención judicial con auxilio de la fuerza pública.
• Administración de las multas por parte de delegados o comisiones internas.

Asimismo, propone crear “Comisiones de Control Obrero” en empresas que aleguen crisis, con acceso irrestricto a información contable, bancaria y comercial.

Los fundamentos: diagnóstico sobre el empleo

En la fundamentación, los autores sostienen que el proyecto responde a un deterioro sostenido del mercado laboral desde el inicio del actual gobierno de Javier Milei.

Según el texto, desde diciembre de 2023 se habrían perdido cerca de 280.000 puestos de trabajo formales, lo que representa una caída del 2,77%.

Además, citan un informe del Centro de Economía Política Argentina, que identifica como los sectores más afectados a la administración pública, la construcción, la industria manufacturera y el transporte.

En paralelo, advierte sobre el crecimiento de formas “invisibles” de despido, como la no renovación de contratos temporarios, una práctica que, según los autores, afecta principalmente a trabajadores jóvenes y precarizados.