Discapacidad: la decisión de 4.500 millones de Llaryora en Córdoba ante el freno de Milei

El Gobierno de Córdoba anunció la ampliación y el adelanto de partidas presupuestarias por un total de 4.500 millones de pesos destinados al sector de la discapacidad. La medida busca blindar el funcionamiento de las organizaciones civiles ante la interrupción de giros desde la Nación. Esta decisión administrativa permite que las instituciones locales cuenten con recursos previsibles para el ciclo 2026.

La inversión representa un incremento significativo respecto a los 1.350 millones de pesos ejecutados en 2024 y los 3.500 millones de 2025. El fondeo se canaliza a través del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, creado por la Ley 10.928. El objetivo central es sostener los proyectos de autonomía e inserción laboral que hoy enfrentan riesgos operativos.

El Gobierno de Córdoba decidió adelantar la inversión de 4.500 millones de pesos para cubrir el funcionamiento de 350 instituciones locales ante las demoras en las partidas nacionales y la judicialización de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

¿Por qué la provincia decidió adelantar estos fondos?

La administración provincial fundamentó el adelanto en la "incertidumbre" que rodea a los proyectos financiados por el sistema nacional. "Frente a la incertidumbre de muchos proyectos que hoy no saben si podrán financiarse, hemos decidido adelantar el fondeo para este año", expresó el gobernador cordobés durante el anuncio en el Centro Cívico. La medida funciona como un puente financiero para evitar el cierre de centros de día y talleres.

El escenario nacional está marcado por el veto presidencial a la normativa de emergencia y la reciente reglamentación parcial obligada por fallos judiciales. Esta situación generó retrasos en el pago de aranceles y la centralización de políticas en el Ministerio de Salud, limitando el enfoque social. Córdoba busca desmarcarse de este esquema garantizando la liquidez inmediata para las entidades del tercer sector.

¿Cuál es el impacto real en las instituciones?

Los recursos del fondo se distribuyen con un criterio federal: el 45% se destina al interior de la provincia y el 55% a la Capital. Actualmente, el 72% de los proyectos financiados están orientados directamente a la inclusión laboral, permitiendo que personas con discapacidad se integren al sistema productivo. Además, el 80% de los aportes llega directamente a instituciones de la sociedad civil.

Complementariamente, se mantiene un refuerzo alimentario de 168 millones de pesos. Este monto asegura el servicio de comedor en instituciones de doble jornada que perdieron ingresos por la crisis del sector. Organizaciones como la Asociación Civil Botines de Acero y la Fundación Corazones de Luz confirmaron que estos fondos permiten adquirir equipamiento específico y sostener unidades productivas como panaderías y fábricas de pastas.

¿Cómo pueden las entidades acceder al financiamiento?

Para obtener el apoyo económico, las instituciones deben poseer personería jurídica vigente inscripta en la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ). Los proyectos presentados mediante un formulario único son sometidos a un comité evaluador. Este cuerpo técnico cuenta con la participación de especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Provincial de Córdoba.

El financiamiento no se limita a la asistencia básica, sino que promueve la competencia en igualdad de condiciones. Un ejemplo es la adquisición de sillas de ruedas motorizadas para competencias nacionales. El plan provincial busca consolidarse como una política de Estado que no dependa de las fluctuaciones de las partidas discrecionales enviadas por la Jefatura de Gabinete de la Nación.

TM